Va al Congreso la próxima semana paquete antievasión

Carlos Mosse.

El gobierno enviará la próxima semana al Congreso nacional por lo menos tres proyectos de ley que componen el segundo paquete antievasión, y que buscan acelerar los controles en la aduana y a los comercios. Hasta ayer, las medidas estaban siendo definidas por el propio Néstor Kirchner, que en una reunión del miércoles con los principales referentes del justicialismo en el Poder Legislativo reclamó que este paquete forme parte de las prioridades que se deberían aprobar antes de fin de año junto con el Presupuesto para 2005, la creación de ENARSA y el marco jurídico para negociar con las empresasde servicios. Las medidas antievasión forman parte,además, de los compromisos que Roberto Lavagna tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poner en práctica este año, y se quieren retomar las negociaciones con el organismo en enero de 2005, con el paquete ya sancionado.

• Presentación

El lanzamiento oficial de las medidas había sido en abril de este año en una presentación que hicieron en conjunto Lavagna; el secretario de Hacienda, Carlos Mosse; y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad.

Sin embargo, desde ese mes y hasta la semana pasada, los proyectos comenzaron a circular por varios ministerios, incluyendo el de Trabajo, Planificación, Justicia e Interior, además de la Jefatura de Gabinete de Alberto Fernández. Aparentemente, los proyectos originales ya tendrían la aprobación de todas estas carteras y se lanzarían la próxima semana.

En concreto, los tres proyectosque serán enviados al Congreso por el gobierno son los siguientes:

• Controles. Se creará la figura de agente encubierto, que podría realizar inspecciones sin identificarse como agente de la AFIP. Ingresaría en un comercio o empresa como un cliente más y, luego, en el caso de que no se le entregue factura, mencionará que es agente federal y que establecerá una sanción. · Evasión previsional. Se incluirá la evasión previsional dentro de las empresas para el caso de que se evadan más de un millón de pesos, dentro de la Ley Penal Tributaria. Hasta ahora, únicamente los delitos impositivos estaban alcanzados por esta legislación, que impone prisión efectiva para los que son declarados como evasores por la Justicia. Además, se los considerará por la AFIP como evasores previsionales, por la simple acusación del organismo, y será el acusado el que deberá demostrar que no lo es. Se trata del mecanismo de «inversión de la prueba», tal como se aplica hoy en la Penal Tributaria.

• Aduana. Cambios en los controles. Se implementaráun nuevo sistema de estampillado, que modificará todas las operaciones de comercio exterior en la Argentina. Actualmente, los bienes importados ingresan con una estampilla celeste con el logo de la AFIP, y se modificaría por otra con un código de barras individual para cada producto. Con esto se podría seguir el trayecto de ese bien por todo el territorio argentino, desde que ingresa por alguna aduana hasta que llega al consumidor final, con lo cual se verificaría su procedencia y si realmente se pagaron los derechos aduaneros. Se dificultaría, además, la posibilidad de falsificar documentos.

• Aceleración de remates. Actualmente, el gobierno tiene prohibido liquidar la mercadería decomisada por contrabando, salvo que lo autorice un juez, lo que difícilmente sucede. Como generalmente en estos casos se tarda varios años en tomarse una resolución judicial, la mercadería pierde valor (como con las computadoras, artículos electrónicos, bienes de capital, etc.), o en los casos de los alimentos perecederos, que directamente deben eliminarse.

El Estado termina perdiendodinero, y el proceso es más caro de lo que se obtiene finalmente. La idea es que por ley se permita al Ejecutivo vender esa mercadería al mejor postor y que sea un escribano del juzgado que interviene el que dé fe de la mercadería que se decomisó.

• AFIP. El organismo será acreedor privilegiado en los casos de quiebras de empresas y liquidaciones de bancos, con lo cual en estos procesos judiciales sería el primero en cobrar. El justicialismo quiere incluir un artículo donde la AFIP quede fuera del proceso judicial y cobre directamente sus deudas por anticipado.

• Servicio doméstico. Se crea un registro para estos trabajadores. Los empleadores podrán deducir los pagos de sus empleados domésticos del Impuesto a las Ganancias, y éstos tendrán cubiertos sus aportes previsionales y la obra social.