El caso Greco termina ofreciendo una radiografía del Estado cautivo en la Argentina de los intereses privados en complicidad con funcionarios. Como en el filme "Sexto sentido" la historia transcurre en despachos de la administración actual en los cuales reaparecen como fantasmas figuras del pasado que caminan en silencio sin que nadie explique si son testigos o protagonistas. Un sobrino de Héctor Greco aparece como asesor de la Cámara de Diputados que votó a carpeta cerrada el pago en noviembre pasado por un modestísimo sueldo, indigno del heredero de una fortuna -o al menos de los derechos y acciones para disputar su propiedad-. Un ex subsecretario de Legales de Economía -Osvaldo Siseles- apartado ya de la administración kirchnerista aparece en llamadas telefónicas a senadores preguntando entre bromas y veras «¿Va a salir el pago a Greco?».
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La trama no deja a casi nadie afuera en una historia en la cual todos aparecen como inocentes gestores del interés de un Estado que ha estuvo a punto de liquidar una suma exorbitada para los números de la Economía. Disfrazada en un listado que según el senador Capitanich alcanza a los 23 mil acreedores del Estado.Informate más
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