Western Union, entre deudas y escándalos

Western Union, que tras la desaparición del negocio de los telegramas hizo del envío de dinero de inmigrantes a sus países de origen su actividad principal, está en medio de un escándalo justamente por esa actividad: un fiscal del estado de Arizona logró que la Justicia confiscara transferencias de fondos a México desde 29 estados de EE.UU. Por su parte, Western Union -que se caracteriza por cobrar comisiones mucho más altas que los bancos minoristas que hacen la misma tarea, pero a cambio (de acuerdo con el fiscal) aplica menores controles sobre esos envíos)- respondió demandando al funcionario.

En tanto, los analistas bursátiles siguen cuestionando la viabilidad de Western Union luego de que su controlante First Data decidiera separar los activos de ambas y « cargarle» a Western Union una deuda de más de u$s 3.500 millones (First Data se quedó con u$s 2.100 millones de pasivos).

Además, más de 66% de sus transferencias son de inmigrantes que envían dinero a sus países de origen, actividad muy cuestionada actualmentetanto por las autoridades migratorias como por las antiterroristas. Y también -dice el site de CNN Finance- existe el riesgo cierto de que los cambios en la tecnología reduzcan fuertemente el valor y la actividad de las franquicias de Western Union. Una de ellas, obviamente, es la argentina Pago Fácil, de la que tiene 25% del capital accionario; el restante 75% es del Grupo Macri.

Retención

En tanto, el fiscal de Arizona, cuyo nombre es Terry Goddard, manifestó a través de una vocera que «vamos tras los contrabandistas de drogas y de seres humanos; Arizona se ha convertido en un centro de esta clase de actividad criminal, lo que pone en peligro a nuestros residentes».

Las transferencias que cuestiona Goddard son las que realiza Western Union hacia el lindero estado mexicano de Sonora, y lo que pretende es que todo envío superior a los u$s 500 sea retenido hasta tanto se reciba un llamado del remitente a las autoridades policiales de Arizona, manifestando que efectivamente es él quien lo realizó.

Hasta ahora el fiscal confiscó u$s 17 millones y deportó a centenares de inmigrantes ilegales en su batalla contra los traficantes de seres humanos, conocidos como «coyotes». Sin embargo, acusa Goddard, estos traficantes logran evadir la acción de las autoridades de ese estado trayendo dinero desde otros, utilizando los servicios de Western Union.

La empresa, en su presentación ante la Justicia, afirmó que la prohibición de remitir fondos a México sin averiguar su procedencia y su destino final «viola las cláusulas de la Constitución que protegen el comercio, el debido proceso y la igualdad ante la ley», causándole daños tanto a sus clientes como a la empresa.

Sin embargo, durante los tres días en que se confiscaron transferencias, «menos de 15% eran legítimas», reveló la vocera del fiscal. La industria en la que se mueve Western Union está bajo un intenso control desde el 11 de setiembre de 2001.

Según expone el matutino estadounidense Denver Post, algunos analistas bursátiles están estudiando el caso con atención, para comprobar si -tal como se espera- esta confrontación tendrá algún impacto sobre la cotización de Western Union.

«Aun los inmigrantes 100% legales y clientes legítimos podrían verse afectados por la noción de que hay un 'Big Brother' observándolos», dijo a ese matutino John Kraft, analista de una consultora. Agregó que una de las razones por las cuales los inmigrantes usan los servicios de Western Union a pesar de que los bancos cobran comisiones muy inferiores por el mismo (o mejor) servicio, es la conveniencia y la privacidad que ofrece esta empresa.

Las remesas desde EE.UU. a México superaron los u$s 13.000 millones en 2003 y son ya la segunda fuente de ingresos de divisas de ese país, sólo superada por las exportaciones de petróleo, de acuerdo al Banco Mundial.