Ayer se convirtieron en ley los cambios adoptados para combatir el lavado de dinero. Hay elementos riesgosos entre ellos: ahora un solo funcionario, que designará el Poder Ejecutivo, podrá decidir el levantamiento del secreto bancario y del bursátil. Hasta ahora, sólo con autorización judicial se lo podía hacer. El proyecto original era algo más prudente: designaba por concurso a cinco especialistas que podían avanzar sobre las cuentas.
El Senado convirtió ayer en ley el proyecto de modificación del directorio de la Unidad de Información Financiera, el cuerpo dependiente del Ministerio de Justicia encargado de investigar en el país las denuncias por supuestos actos de lavado de dinero.
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La reforma reemplaza el actual directorio integrado por once miembros representantes del Banco Central, que dirige Martín Redrado; la AFIP; la Comisión Nacional de Valores; la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico; el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía a cargo de Felisa Miceli -más cinco expertos del área elegidos por concurso-, por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, con un procedimiento similar al que se utiliza para nominar a los miembros de la Corte Suprema.
De todas formas, un artículo transitorio de la ley establece que hasta que no se reglamente ese procedimiento de nominación y audiencias públicas, el nuevo titular de la UIF será nombrado directamente por el presidente de la Nación. Es cierto, además, que la nueva conducción estará acompañada de un cuerpo asesor de siete vocales, pero sus decisiones no serán vinculantes. En la práctica, el nuevo presidente de la UIF será uno de los funcionarios con mayor poder dentro del gobierno. Gracias a la última modificación de la Ley Contra el Lavado de Dinero, podrá, en las investigaciones por denuncias presentadas, levantar el secreto bancario y bursátil de cualquier ciudadano sin previa autorización judicial. Sólo tendrá como límite el secreto fiscal, ya que la AFIP se negó a ceder ese poder.
Riesgo
El peligro, entonces, es que desde que entre en vigencia la ley sancionada ayer, esas decisiones sobre el secreto patrimonial de cualquier argentino dependerán no de un cuerpo colegiado con representación de todas los organismos del sistema financiero, sino de un funcionario del gobierno.
Es más riesgoso aún ya que esa anterior reforma a la Ley Contra el Lavado de Dinero modificó el «umbral de certeza» que toma la UIF para elevar una investigación a la Justicia. Dicho en términos más simples, la UIF girará con denuncias penales a la Justicia casos de supuesto lavado de dinero basados en un nivel de prueba menos certero que antes de la modificación. Ese cambio no se sancionó ayer, pero forma parte de la batería de poderes que tendrá el nuevo funcionario.
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