La inminencia en una definición del recorte de $ 6.000 millones en el presupuesto nacional para 2002 hizo que ayer se movilizaran las áreas del gobierno que, pese al hermetismo con que Economía está manejando la negociación, ya ven llegar el bisturí a sus partidas. A pesar de que será difícil saber con precisión la semana próxima qué sectores sufrirán más el ajuste, las miradas se orientaban ayer a la unificación de programas sociales en cuatro grandes planes, pese a la oposición de Juan Pablo Cafiero, y a la administración del gasto en Educación.
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Por lo pronto, el Ministerio de Economía sigue en silencio. Jorge Baldrich, secretario de Hacienda, no quiere recibir ni siquiera a los secretarios del Estado. Responde en parte a la estrategia establecida por Domingo Cavallo para la elaboración de este presupuesto 2002 que llegará al Congreso con una estructura distinta de la vista hasta ahora en la historia argentina.
Se sabe que lo que llegará al Congreso el próximo 14 de setiembre será sólo el articulado del proyecto de presupuesto, es decir, proyección de recaudación, gasto, especificación sobre deuda y las disposiciones clásicas que acompañan el cálculo de cada año. Esos «números gruesos», como se los definió ayer para diferenciarlos del desagregado que se conocerá después de las elecciones, contemplarán el detalle de gasto por finalidad y jurisdicción, brevemente resumido -es decir, hacia dónde se dirige el gasto y cuánto recibirá cada área del Estado-, pero sin aclarar todavía el financiamiento de cada programa que ha de ejecutarse por cada área del gobierno.
• Definiciones
Ayer se confirmó que el viernes se reunirán los responsables de cada ministerio para definir los números finales, y el próximo martes los ministros se sentarán junto a Domingo Cavallo y a Chrystian Colombo para la bendición definitiva.
Desde el Congreso ayer comenzaron a escucharse las primeras repercusiones. Algunos diputados no ponen reparos en la modificación de las áreas de Educación y de Desarrollo Social, pero piden que el Ejecutivo garantice «calidad educativa pareja» y «programas sociales homogéneos». Pero los cambios que se anticipan para esos sectores es seguro que podrán verse recién después del 15 de octubre, cuando ingresen las planillas desagregadas del presupuesto 2002.
Otros, por el contrario, están dispuestos a dar pelea, como por ejemplo, el radical Juan Carlos Farizano. Adelantándose a un posible recorte en las partidas de las universidades nacionales, un área donde el radicalismo no quiere ni discutir la forma en que se gasta el presupuesto, Farizano ayer advirtió: «Es evidente que estamos ante un nuevo intento de los sectores concentrados en la economía y sus subsidiarias FIEL y la Fundación Mediterránea, de instalar el recorte sobre la educación pública, basados en la política del déficit cero», dijo. «En cualquier caso, no permitiremos que restrinjan el presupuesto del año entrante destinado a las universidades nacionales. Eso iría en contra de nuestros principios y valores.» Y por las dudas también se subió a la versión que hablaba de un arancelamiento de las universidades: «Es imposible que el arancel educativo se apruebe en el Parlamento», sentenció.
Patricia Bullrich también se metió en el debate presupuestario, pero desde otra perspectiva: «Sería esquizofrénico que el Congreso votara en contra del presupuesto para el año próximo que contempla el déficit cero», dijo quizás olvidando sus épocas de diputada.
Pero por ahora es muy poco lo que los legisladores conocen del presupuesto 2002. Solo Raúl Baglini tiene una idea acabada y por eso participará de la reunión de mañana. Algunos diputados se ilusionaron con sacarle datos a Cavallo en la reunión que tuvieron con el ministro el lunes pasado. Pero sólo se llevaron una lectura de la Carta de Intención negociada con el FMI.
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