El Centro Internacional para la Solución de Disputas Relativas a Inversiones del Banco Mundial (BM) informó ayer que ya tramita demandas de cuatro empresas españolas - Gas Natural, Endesa, Telefónica y Aguas de Barcelona-contra el gobierno argentino. El organismo (ICSID, por sus siglas en inglés) precisó en un comunicado que las cuatro empresas presentaron demandas internacionales de arbitraje para reclamar compensaciones por el daño que, a su juicio, les causaron las políticas del gobierno argentino.
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Por caso, Telefónica considera que el gobierno nacional es responsable de las pérdidas que la operadora española acumuló en el país luego de la salida de la convertibilidad y el congelamiento de las tarifas. Según un informe que la telefónica presentó a la SEC (el órgano regulador de los mercados bursátiles en los EE.UU.), la demanda de arbitraje se debe a la ruptura del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de la Inversión entre la República de Argentina y el Reino de España, firmado el 3 de octubre de 1997.
Telefónica considera que el gobierno argentino rompió de forma unilateral el acuerdo al aprobar la llamada Legislación de Emergencia Económica durante la crisis del año pasado. La empresa que preside César Alierta busca una compensación por «las pérdidas en las que ha incurrido nuestra inversión en Telefónica de Argentina».
Además de esta demanda (registrada el pasado 21 de julio), el ICSID tramita otra interpuesta por Enersis, compañía eléctrica chilena controlada por la española Endesa, que el organismo internacional aprobó tramitar un día más tarde que la de Telefónica. Enersis es el principal accionista de la distribuidora de energía eléctrica Edesur. En ambos casos, habrá que esperar a que el tribunal que estudiará los casos se constituya, según explica el ICSID.
En la misma situación se encuentran otra demanda presentada por Gas Natural (accionista de Gas Natural BAN) y registrada en el ICSID el 29 de mayo, y una de Aguas de Barcelona (accionista de Aguas Argentinas), que entró en el organismo el pasado día 17. Además de las demandas de las compañías españolas, el gobierno argentino tendrá que afrontar otras presentadas por la chilena Metalpar, la francesa Vivendi Universal, la italiana Camuzzi, la canadiense Pioneer y la estadounidense Pan American Energy (esta última controlada por la británica BP, que tiene 60% de su capital accionario).
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