A falta de Presupuesto, el gasto será más discrecional

Sin Presupuesto, Amado Boudou será uno de los miembros del gabinete más activos a la hora de firmar decretos para la autorización de gastos.

El planteo más conservador habla de la posibilidad de manejar libremente $ 50.000 millones. Se dice incluso que el dinero podría llegar a los $ 80.000 millones antes de las elecciones de octubre del año próximo. Ese es el monto que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner podría administrar sin necesidad de rendir cuentas al Congreso (esto es, a la oposición) por no haberse aprobado en el Legislativo el proyecto de Presupuesto para 2011. Al no tener esa norma en vigencia, el Gobierno ya decidió que en el último día hábil de este año (el 31 de diciembre) o el primero de 2011 (3 de enero) será publicado en el Boletín Oficial el decreto de prórroga del Presupuesto 2010, con lo que las metas fiscales de ingresos y gastos para el próximo ejercicio tendrán como base lo aprobado por el Congreso para este año.

Como ya para el presente ejercicio ambas pautas estaban distorsionadas, la diferencia entre lo que el Gobierno tendrá pautado recaudar y gastar con lo que efectivamente se concrete será la más grande (realmente grande) de todos los años de gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El hecho es, además, que al no estar aprobado el Presupuesto, el Gobierno tendrá legalidad absoluta para utilizar las pautas de la norma de este año. Para esto usará la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, sancionada el 30 de septiembre de 1992 y promulgada en octubre de ese año. Puntualmente, el artículo 27 de esa norma indica que «si al inicio del ejercicio financiero no se encontrase aprobado el Presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior». Además, la Presidente tendría libertad para redistribuir las partidas extra que genere la situación, siguiendo la misma letra de la Ley 24.156.

En el mismo artículo 27 se habla de la ejecución del Presupuesto prorrogado «con los siguientes ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados». Según la interpretación oficial, el Gobierno puede tanto continuar aplicando el mismo cronograma y organigrama de recaudación y gastos, como disponer de nuevos fines para ambos rubros. Por ejemplo, y siempre según la visión gubernamental, la jefa de Estado podría resolver ejecutar una nueva obra pública sin asignación específica en 2010 o un nuevo destino del gasto sólo con la firma de un decreto.

Distancia

Como además regirán las metas de recaudación de 2010, la diferencia entre los ingresos pautados y lo que efectivamente obtendrá el Gobierno será más que grande. El Gobierno tiene presupuestado para todo 2010 un total de ingresos de algo menos de $ 200.000 millones, mientras que la meta conservadora para el cierre de este año habla de unos $ 230.000 millones. El Gobierno dispuso entonces en este ejercicio de unos $ 30.000 millones extra para redistribuir.

En el peor de los casos, ese dinero podría ser de $ 20.000 millones en 2011, con lo que sumando la recaudación de los $ 30.000 de 2010 con aquéllos, Cristina de Kirchner tendrá unos $ 50.000 millones de libre disponibilidad para el próximo ejercicio sin partida determinada y con la libertad para ejecutarla según los criterios y fines que determine el Gobierno. Se supone incluso que, de lograrse un buen 2010, ese dinero trepe a más de $ 250.000 millones, lo que elevaría el dinero a redistribuir por el Gobierno a unos $ 80.000 millones. Al Congreso sólo le quedaría la función fiscalizadora, pero sin plan de vuelo efectivo al no existir Presupuesto para 2011.

El Gobierno ya dispuso la forma en que se administrarán estas partidas. Cada una de las redistribuciones de gastos deberá ejecutarse por decretos individuales, que tendrán la firma de la Presidente, del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, del ministro de Economía, Amado Boudou, y del titular de la cartera correspondiente a la partida. El más activo en este sentido será el ministro de Planificación, Julio De Vido, ya que se especula con una amplia agenda de obra pública nueva, más teniendo en cuenta que 2011 será un año electoral.