El presidente Alberto Fernández ordenó la sustanciación de un sumario administrativo iniciado contra el extitular de la AFIP (2016-2018) Alberto Abad y el exsubdirector general de Operaciones Impositivas del Interior Jaime Mecikovsky, quienes habían sido denunciados por liderar, entre otras causas, la prosecución al Grupo Indalo y en este caso por un sin fin de recopilación de datos bajo secreto fiscal respecto de Cristina de Kirchner y su familia.
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Abad y Mecikovsky complicados por avance oficial de un sumario por irregularidades en la AFIP
El exadministrador Federal y quien fuera un alto funcionario fueron denunciados por direccionar la persecución en causas sensibles, como la del Grupo Indalo, y cubrir sus propias irregularidades. Recopilaban información bajo secreto fiscal.
La medida fue establecida mediante el Decreto 340/2023, que lleva las firmas del mandatario; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Mecikovsky fue el brazo ejecutor de la operación, a través de la filtración de datos secretos de dirigentes opositores, descubierta por Ámbito en 2016. El decreto presidencial llega luego de que la Justicia revocara un sobreseimiento al exfuncionario y de que la AFIP realizara una nueva denuncia en su contra por -presuntamente- orquestar la persecución contra dirigentes del kirchnerismo e indicar cómo se debían responder oficios judiciales en causas importantes. Mecikovsky estuvo envuelto en múltiples denuncias y enfrentamientos internos en la AFIP, y era un hombre relacionado a Elisa Carrió quien lo defendió públicamente y hasta forzó que se creara una unidad especial que él dirigía cuando se lo había desplazado por reunir información respecto a algunos exfuncionarios de la era Cambiemos.
A través del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, Alberto Fernández ordenó sustanciación del sumario administrativo disciplinario contra Abad y Mecikovsky, que podría derivar en la aplicación de sanciones previstas en la Ley 25.164. Estas, de todos modos, son independientes de la causa penal.
Por intermedio de la Procuración del Tesoro, indica el decreto, se busca “deslindar las eventuales responsabilidades disciplinarias y patrimoniales que pudieran derivar de los hechos y circunstancias referenciados”. Es una de las situaciones más complicadas para quienes revistieron -o revisten, en el caso de Mecikovsky- como altas autoridades del organismo recaudador.
El exfuncionario macrista habría encubierto sus propias irregularidades y también las de su equipo, integrado entre otros por Néstor Sosa (subdirector general de Auditoría Interna) y Marcos Russo (director de Integridad Institucional).
Desde su cargo de subdirector de Operaciones Impositivas de la AFIP, Mecikovsky fue uno de los brazos ejecutores de la Mesa Judicial que operó durante el gobierno de Mauricio Macri para perseguir a dirigentes opositores valiéndose de prácticas ilegales violando el secreto fiscal desde el organismo recaudador.
En la actualidad, Mecikovsky enfrenta unas 17 causas judiciales en las que está denunciado e imputado. Los expedientes judiciales abarcan denuncias por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, asociación ilícita, calumnias, injurias, defraudación por fraude, y falso testimonio, entre otros.
El primer expediente judicial se remonta al año 1995 por el delito de abuso de autoridad, y otra denuncia data de 1998 por el delito de acción pública. Desde 2016, a medida que fue incrementando sus prácticas ilegales desde el organismo recaudador, Mecikovsky empezó a ser denunciado por su accionar tendiente a perseguir a los opositores, tanto políticos como empresarios.
A mediados de 2016, el fiscal Eduardo Taiano imputó por el delito de “violación de secreto” al entonces titular de AFIP, Alberto Abad, y al propio Mecikovsky, entre otros funcionarios del organismo. Además la investigación involucró también a “denunciantes” como la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, y al periodista-operador de La Nación Hugo Alconada Mon, quienes se valían de esa información fraudulenta para convertirse en arietes de la avanzada macrista contra opositores y empresarios que mantuvieron su firmeza sin someterse a las presiones que dictaban por entonces desde Casa Rosada y la quinta presidencial de Olivos, cuyo ocupante circunstancial era Mauricio Macri.
En esa tarea de persecución el contador Mecikovsky, desde su despacho en la AFIP, fue clave. Como subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior llevaba adelante un pormenorizado seguimiento de ciudadanos argentinos, algunos de ellos figuras públicas.
Aunque su nombre sobrevoló siempre en el juicio oral en la causa Oil Combustibles, no aparece formalmente en el expediente. Sin embargo, fue clave como usina de información malintencionada, falsa, y materia prima para operaciones, entre ellas las que concretó Alconada Mon desde las páginas de La Nación y que dieron origen al juicio.
La última denuncia -y que finalmente deriva en una acción concreta desde el Poder Ejecutivo para deslinde de responsabilidad a través de un sumario- es del año 2020, cuando la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, presentó un escrito con pruebas sobre el accionar del organismo conducido por Alberto Abad y Leandro Cuccioli, durante el gobierno de Mauricio Macri.
En la denuncia, Marcó del Pont denunció el hostigamiento fiscal contra Cristina de Kirchner y aseguró que durante el macrismo desde la AFIP recurrieron a “herramientas y mecanismos para perseguir opositores”.



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