Sólo fue una muestra de lo que puede ocurrir cuando se den a conocer los números de la auditoría por manejo de causas de corrupción que pueden tener a los jueces federales en la mira, tal como adelantó Ámbito Financiero. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y dos ONG apuntaron a advertir al Consejo de la Magistratura por la demora de expedientes en juzgados federales y dieron los ejemplos de Daniel Rafecas, apuntado por el Gobierno y de Ariel Lijo, factótum de la "Superliga" de jueces federales y considerado uno de los más influyentes entre sus pares. Tras un trabajo casi artesanal de cruce de datos, la revelación (parcial por ahora) de algunos nombres precede la auditoría general que está haciendo el Consejo en cabeza de su vice, el abogado Miguel Piedecasas. Ayer fue el último día de carga de datos y avanzará (con prudencia) en el pedido de explicaciones a los auditados para que justifiquen lapsos en la tramitación de causas sensibles. Una vez agotado ese tiempo de 30 días hábiles, la información podrá ser publicada o nutrirá -como en el caso que instruye el senador Ángel Rozas- expedientes disciplinarios como el que encara contra Rafecas, cuyos tiempos serán utilizados como prueba de cargo. En el juzgado de Rafecas, por ejemplo, hay una causa de 2002 con siete imputados sin ser citados a indagatoria, y en el de Lijo hay otra de 2006, con 12 acusados, sin que hubieran sido interrogados, informaron los letrados. La agrupación también "advirtió sobre la actitud de otros magistrados", como Sebastián Ramos, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez De Giorgi, por no aportar la información requerida para la auditoría. Se aclaró que la finalidad del relevamiento "no es buscar responsables sino dar una respuesta a la opinión pública respecto de los procesos en que se investigan casos de corrupción, sobre si se cumplen las normas que rigen el debido proceso". La agrupación que preside Guillermo Lipera se adelantó a señalar que "en ambos casos, se solicitó la adopción de medidas que brinden a la sociedad información sobre dicha situación y, de no obtenerse, para que se apliquen las correspondientes medidas disciplinarias". La cuestión parece ser la punta de lanza de una revisión más intensa sobre la labor de los magistrados que tendrán espacio para defender su actuación. Sin embargo, perciben que es un efecto indirecto a la salida de Alejandra Gils Carbó que hasta ahora se llevaba consigo la marca, algo que puede trasladarles a ellos mismos quedar en el centro de la escena.
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