Abren documentos secretos de FF.AA.

El Gobierno levantó el secreto sobre la documentación y las informaciones relacionadas con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar que detentó el poder entre 1976 y 1983 por un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial. La medida determina la apertura de «toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas» entre 1976 y 1983, salvo la relativa al «conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal».

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, destacó la importancia del decreto, y explicó que el material desclasificado era, en su casi totalidad, de conocimiento del Archivo Nacional de la Memoria, que tiene acceso a la documentación del Ministerio de Defensa, pero que no podía ser hecho público sin un decreto específico en cada caso. «Esta medida agiliza, en primer lugar, la remisión de la información solicitada por el Poder Judicial», dijo Duhalde.

Asimismo, agregó Duhalde, el decreto «ratifica la voluntad del Gobierno nacional de continuar colocando a disposición de la sociedad toda la información obrante en poder del Estado que no fue destruida o sustraída al fin de la dictadura, sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes estatales en ese período».

El Decreto, que lleva el número 4/2010, responde a solicitudes del Juzgado Federal número 1, en relación con una causa sobre el campo de detención clandestino llamado La Cacha, de La Plata. La medida también se vincula con la reapertura de varias causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, posibilitada por la anulación de las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).

La reapertura de causas requiere «una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas», precisó el decreto. Actualmente están en curso, entre otros, los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en los centros de desaparición y exterminio llamados Atlético, Banco y Olimpo (ABO).

El decreto enfatizó asimismo que no proceder a la apertura de esa documentación de las Fuerzas Armadas contraría «la política de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado argentino viene adoptando desde el año 2003».

Entidades de Derechos Humanos estiman que 30.000 personas fueron «desaparecidas» por la dictadura militar, además de alrededor de 500 niños robados a sus familias mientras sus padres estaban en cautiverio y eran asesinados.

Exactamente 100 de esos niños fueron ubicados y conocieron su verdadera identidad a través de los más de 30 años de lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.