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Acusarán de lavado a los Schoklender y sus amigos
Sergio Schoklender, Hebe de Bonafini
La tarea está a cargo del fiscal de la unidad especial antilavado Raúl Pleé, que colabora con su colega Jorge Di Lello en la causa. Desde el inicio de la investigación, y a pedido del magistrado, Pleé colectó información enviada por bancos, compañías de tarjetas de crédito y la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de los principales acusados en la causa.
Sospechosos
Entre los sospechosos figurarían, además de los hermaSchoklender, Alejandro Abraham Gotkin, presidente de Meldorek y Antártica Argentina; Daniel Laurenti, accionista y apoderado de Monetización, una financiera que de acuerdo con los investigadores canjeaba cheques a Madres, y Gustavo Serventich, piloto comercial que trasladaba al exapoderado de la fundación en sus vuelos y le gestionaba operaciones con aeronaves. En la misma situación quedará Viviana Sala, exesposa de Schoklender, así como las mujeres de los otros imputados que están mencionadas en el expediente.
El fiscal Pleé sospecha que todos ellos pudieron formar parte de una supuesta red de lavadores de dinero que tenía como destino favorecer a Sergio Schoklender. En ese contexto, a una decena de imputados les cabría la acusación por presunto lavado de dinero, en tanto que a los hermanos la de posible defraudación.
La distinción tiene que ver con la antigua ley de combate al blanqueo de dinero de origen irregular, que impedía acusar a una persona como presunto lavador y defraudador al mismo tiempo. En la jerga tribunalicia apuntan que antes de la sanción de la nueva normativa antilavado, un sospechoso no podía ser imputado por «autolavado» sino que requería de algún nivel de complicidad de terceros para quedar encuadrado en ese delito.
Desde mayo último, con la sanción de la nueva ley a instancias del oficialismo, una misma persona puede ser acusada de haber llevado a cabo la maniobra para encubrir el origen de fondos irregulares y de beneficiarse de ese accionar.
Pleé basará sus acusaciones en la documentación que recibió de los bancos que utilizaban los sospechosos para operar. La información fue acumulada a partir de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que comenzaron a llover en las oficinas de la UIF, la entidad que dirige José Sbatella, apenas estalló el escándalo en Madres de Plaza de Mayo. El fiscal, además, demandó los resúmenes de tarjetas de crédito de los acusados.
Extensión
Como informó este diario, entre otros datos el fiscal constató que Gotkin registraba gastos por un promedio de 100 mil pesos mensuales. El contador y exempleado de Madres, además, le había dado a Pablo Schoklender una extensión de su tarjeta. Mientras que en los casos de Sergio Schoklender y el piloto Serventich se verificó que contaban con tarjetas corporativas de Meldorek.
La investigación aún elude a Hebe de Bonafini. La titular de las Madres parece a salvo de las pesquisas realizadas por ambos fiscales y por el juez Oyarbide, que aceptó la incorporación de la entidad como querellante en el expediente. De todos modos, en las próximas semanas se sabrá si quedará imputada Alejandra Bonafini, la hija de la dirigente, por una operación sospechosa en la venta de un inmueble.
De momento, Oyarbide mantendrá el secreto de sumario al menos durante toda la semana próxima. Más allá del contenido de las acusaciones de Pleé, los investigadores coincidieron en que no habrá pedidos de indagatoria por parte de su colega Di Lello, por lo menos hasta después de las elecciones de octubre próximo. Ese planteo desencadenaría una aceleración de la causa que podría salpicar al Gobierno en plena campaña. Los fiscales alegan, además, que apresurar una solicitud de indagatoria le daría a Schoklender la oportunidad de acotar las acusaciones en su contra y quedar mejor parado para el resto del juicio.
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