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Admiten recortar el poder de los fiscales
Julio Alak
El oficialismo aspira a votar el proyecto antes de que termine noviembre. Luego llegará el momento de las negociaciones más espesas en la Comisión Bicameral que se conformará con representantes de todos los partidos.
En esa etapa, el kirchnerismo espera mostrar cierta flexibilidad cuando sus representantes no rechacen abrir el debate sobre las leyes orgánicas del Ministerio Público y demás aspectos cruciales presentes en la letra chica de una reforma que públicamente ya ha sido apoyada por decenas de magistrados.
Una táctica que aspira a consolidar los consensos opositores que en las últimas horas han disminuido a partir de una serie de cuestionamientos para con la naturaleza de la Procuración General, actualmente en poder de Alejandra Gils Carbó. El lunes Ricardo Gil Laverda objetó el funcionamiento del Ministerio Público y desde el bloque radical no se expresaron apoyos respecto del proyecto.
Si bien el paso hacia el sistema acusatorio tiene buen predicamento en los tribunales y en los sectores críticos, allí desconfían de los mecanismos de selección de fiscales, de la naturaleza del cargo del procurador y de las modalidades que actualmente permiten sancionarlos.
Entre los jueces federales de Comodoro Py (quienes actualmente instruyen los expedientes) ha crecido en los últimos días la idea de que los fiscales deberían ser elegidos mediante un proceso similar al que actualmente rige en el Consejo de la Magistratura para con los jueces, lo cual abriría el juego a la opinión de los representantes partidarios.
Percepciones que no sólo quedan reducidas a los tribunales de Retiro. El martes por la noche se realizó una conferencia en el museo Malba en la cual los camaristas de la Casación Penal federal Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani disertaron con conclusiones similares en cuanto a los efectos de un sistema acusatorio y la necesidad de procesos más estrictos en la selección de integrantes del Ministerio Público.
La posibilidad de negociar las normas internas de la Procuración iría acompañada por la garantía de que el nuevo sistema se comenzaría a implementar en las jurisdicciones federales del interior del país, tal como se realizó en la experiencia chilena, donde la modalidad acusatoria comenzó a instalarse primero en las provincias del norte y del sur y luego en los tribunales de la capital.
El modelo del país trasandino tiene la particularidad de haber sido estudiado tanto por el kirchnerismo como por el macrismo. Durante su gestión como fiscal general porteño, Germán Garavano también se remitió a dicho esquema.
La ampliación del cuerpo de peritos de la Corte anunciada el pasado martes, además de ser un gesto político, también tiene su incidencia en la labor jurisdiccional. La acordada firmada por cuatro ministros señala que los nuevos peritos dedicados a casos de lavado de activos y corrupción deberían estar a disposición de jueces, pero no menciona a los fiscales que en el nuevo sistema serían quienes deberían cargar con el peso de la instrucción.
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