Advierten a G. Carbó por designaciones

Una designación clave en la Procuración General fue entendida como inválida ayer por la Corte Suprema de Justicia dado que se realizó sin el acuerdo del Senado. Se trata de un nuevo revés procesal para Alejandra Gils Carbó, que nombró 40 fiscales con dicha modalidad y cuyos actos ahora son sensibles de recibir una batería de cuestionamientos por parte de los litigantes. La decisión, que firmaron todos los ministros con excepción de Eugenio Zaffaroni, será un complejo antecedente en la causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

Tal como había anticipado este diario, la resolución fue adversa a la procuradora, y los ministros no consideraron el pedido de entidades cercanas al Gobierno de presentarse ante el tribunal para emitir su opinión antes de la resolución. No se requirieron grandes argumentos: la Constitución está por encima de cualquier reglamento interno que regule el Ministerio Público.

El planteo que dio lugar a la resolución giraba en torno a la designación de Alejandra Cordone Rosello, que tiene cargo de secretaria, como procuradora ante la Corte Suprema en cuestiones de derecho privado. "Por cada dictamen que ella emitía ante la Corte, atrás venía un pedido de nulidad", detallaron ayer los justices para contraponer los nombramientos de Gils Carbó con el fallo Rosza de 2007 que establece que los subrogantes deben tener acuerdo del Senado, y si esto no fuera posible, se debe convocar a jueces jubilados.

Si bien los ministros le dieron validez a lo actuado por Cordone Rosello, instaron a Gils Carbó a realizar un nuevo nombramiento. La resolución tiene un aspecto álgido: para el máximo tribunal, según su resolución, la procuradora general cometió un acto ilícito, entendimiento que coincide con un expediente en la Justicia federal en lo penal.

Ayer los ministros recordaban que el fallo Rosza tuvo un origen similar y que, al igual que en esa situación, debieron otorgarle validez a lo actuado por los jueces designados en forma irregular simplemente para evitar un descalabro a nivel judicial.

Al mismo tiempo, la resolución dará pie a una serie de reclamos contra los fiscales que no pasaron por la Cámara alta. Estos planteos encontrarán su final en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde ayer quedó sentado un precedente ineludible. "No hemos hecho más que aplicar el reglamento, lo que haga Gils Carbó en Justicia Legítima no interesa", resumieron los magistrados ante las consultas sobre la rivalidad de la procuradora con la Corte, un "issue" cada vez más sonoro en tiempos de democratización de la Justicia.

Justamente el tema motivó una acordada que es también una señal: la Corte estableció que hasta que no queden habilitadas las nuevas instancias de Casación presentes en la reforma judicial votada por el Congreso, la última instancia de apelación será el máximo tribunal. "El problema es que los abogados que quieren demorar trámites quieren dirigirse a una instancia que sólo existe en lo formal", comentaron.

Las nuevas cámaras todavía ni siquiera tienen edificios habilitados, no se han realizado los concursos y tampoco han llegado a la Corte los pedidos para autorizar los nuevos cargos.