Affaire Camargo Correa se extiende a Perú y Uruguay

Brasilia - La investigación sobre los manejos ilegales del megagrupo brasileño Camargo Correa se extendería ahora a Perú y a Uruguay: el juez que investiga al grupo Camargo Correa pidió a la Policía Federal y al Ministerio Público (la fiscalía) que soliciten la cooperación de las autoridades financieras de esos dos países para que informen las modalidades de operación de la empresa brasileña y de sus «doleiros» (traficantes de dólares en negro, como se los llama en Brasil), acusados de remitir de manera ilegal fondos al exterior.
La Policía Federal -por orden de la procuradora general, Karen Louise Jeanette Kahn, responsable en el Ministerio Público Federal de la Operación Castillo de Arena- allanó las oficinas de Camargo Correa en San Pablo, en las que trabajan más de 2.000 personas, y arrestó a cuatro altísimos ejecutivos del grupo. Este fin de semana los imputados fueron liberados, cuando un juez hizo lugar a un pedido de hábeas corpus.
Cabe recordar que Camargo Correa es el dueño en la Argentina de la cementera Loma Negra -que le compró en 2005 a Amalia Lacroze de Fortabat en u$s 750 millones- y de Alpargatas, cuya adquisición completó el año pasado por un monto cercano a los u$s 70 millones.
También su rama de construcciones (que a nivel global representa un 50% de su facturación, y es específicamente la que está investigada por la PF brasileña) se adjudicó algunas licitaciones de obras públicas en la Argentina. A la empresa se la acusa en Brasil de haber aplicado un sobreprecio de u$s 14 millones en la construcción de una refinería ubicada en la nordestina Recife, un emprendimiento conjunto entre las estatales Petrobras y PDVSA de Venezuela.
José Alencar, presidente en ejercicio de Brasil (el primer mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, está de viaje rumbo al G-20 en Londres) dijo que «no puede permitirse la instalación del crimen en el país», en relación con la investigación por lavado de dinero, corrupción, aportes ilegales a campañas electorales y cobro de sobreprecios en obras públicas que lleva a cabo la Justicia de ese país contra Camargo Correa.
Los partidos beneficiados por los aportes de ese grupo incluirían al oficialista PT; quizás por eso Alencar agregó en declaraciones a medios de su país que «nadie puede ser castigado sin pruebas; Camargo Correa es una gran empresa sobre la que no pesan dudas. Por eso, las acusaciones que pesan sobre ella deben ser probadas luego de una rigurosa investigación».
El escándalo también afectó a Paulo Skaf, presidente de la poderosa FIESP (la confederación de industrias de San Pablo), él mismo fuerte empresario textil y habitual contendor de la Unión Industrial Argentina (UIA) en las peleas por los cupos de importación, la subfacturación y otros roces entre ambos socios del Mercosur. A Skaf se lo acusa de haber actuado de intermediario entre Camargo Correa y los «aportes de campaña» a los partidos políticos (serían seis). El dirigente empresarial se defendió aduciendo que «todo se hizo dentro de la ley».