AFJP: la deuda sube hasta $ 486.000 millones

La contrarreforma previsional de 2008 ha significado -aunque muchos no lo perciban aún- un serio daño al interés de los ex afiliados a las AFJP: con toda probabilidad, sus haberes futuros serán menores en el reparto que en la capitalización. Sin embargo, hay menos claridad aún sobre el daño que dicha contrarreforma impuso al resto de los jubilados futuros: el pago de los beneficios definidos para los afiliados al régimen de reparto requerirá en el futuro una mayor presión fiscal o, lisa y llanamente, el incumplimiento de tales promesas.

Para analizar esta segunda dimensión es oportuno contemplar un conjunto más amplio de medidas previsionales tomadas en los últimos años, donde se incluye no sólo la contrarreforma, sino también dos decisiones previas: la moratoria por la cual entre 2006 y 2007 se incorporó aproximadamente 1,3 millón de jubilados con aportes previos nulos o insuficientes, y la modificación de la prestación adicional por permanencia (PAP) decretada en 2007, pasando ésta de ser el 0,85% al 1,5% del salario promedio de los últimos años 10 años aportados, por año con aportes.

Concretamente, como se concluye a continuación, tales medidas implican un mayor compromiso previsional (neto de nuevos ingresos) asumido por el Estado.

Los efectos individuales y conjuntos estimados de cada una de estas tres medidas sobre el resultado operativo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) son:

I) la moratoria de 2006 tiene un fuerte impacto negativo inicial (cercano a unos $ 9.000 millones anuales de mayores erogaciones netas del sistema), pero decreciente y acotado a los primeros 15 años (si no permanece abierta con igual laxitud, obvio); II) la reforma de 2007 tiene un impacto negativo relativamente pequeño (en torno a los $ 1.500 millones anuales, que crecen hasta unos $ 5.000 millones anuales); III) la contrarreforma previsional de 2008 tiene un fuerte impacto positivo en los flujos durante los primeros 13 años (incluso mayor inicialmente que el de la moratoria), pero fuertemente negativo posteriormente.

En conjunto, el impacto agregado es positivo hasta 2012 y crecientemente negativo a partir de entonces, llegando a provocar un aumento en los compromisos netos del sistema de $ 70.000 millones anuales en 2050.

Para computar el valor presente (equivalencia en stock de los flujos futuros) del impacto de estas medidas cabe considerar distintas tasas de descuento temporal (a mayor tasa de descuento, menor importancia se otorga al futuro).

Así, cuanto más se valore el futuro, mayor es el valor presente de los nuevos compromisos previsionales asumidos. Por ejemplo, los mayores compromisos netos tomando el período 2009-2050 y una tasa de descuento temporal del 4% al año (razonable para un Gobierno relativamente interesado en el largo plazo) equivalen a $ 263.400 millones (esto es, unos u$s 70.000 millones) de mayor deuda pública implícita, de los cuales la mitad se origina en la contrarreforma previsional.

Por otra parte, la contrarreforma de 2008 debe computar (desde el punto de vista de los recursos del sistema) el stock de activos financieros antes manejados por las AFJP. En tal sentido, siendo la cartera de activos de las AFJP aproximadamente unos $ 100.000 millones, de los cuales el 56% correspondía a títulos públicos, el stock de fondos netos apropiados en 2008 fue de $ 44.000 millones, y la reducción de deuda pública explícita fue de $ 56.000 millones.

Conclusiones

Los cambios previsionales experimentados en la Argentina durante los últimos tres años suponen, en conjunto, un alivio de corto plazo en las necesidades de financiamiento del sistema previsional, pero mayores compromisos en los años siguientes. Considerando todas las modificaciones en valor presente, el Estado se apropió de $ 44.000 millones y redujo su deuda explícita en unos $ 56.000 millones, pero su deuda implícita subió entre $ 147.000 y $ 486.000 millones (según sea la tasa de descuento temporal utilizada).

En la medida en que los ingresos excedentes en los primeros años dieran lugar al otorgamiento de beneficios adicionales (por ejemplo, la extensión de la moratoria o, eventualmente, mayores incrementos en la PAP), el problema fiscal obviamente se acentuaría, y la deuda implícita tendería a crecer.

Claramente ha sido un acto de irresponsabilidad no haber discutido públicamente los cálculos actuariales que el Gobierno debió haber realizado en su momento antes de avanzar en estas reformas: la generalización y el aumento de beneficios previsionales pueden ser medidas más o menos apropiadas según las circunstancias y el diseño elegido, pero en cualquier caso exigen como mínimo explicitar la mayor disciplina fiscal necesaria en otras áreas del gasto público. Lo contrario es populismo puro.