Agenda opositora vuelve a la vida

Mientras el Gobierno no parece tener ningún interés en que el Congreso comience a funcionar, la oposición presiona en comisiones en ambas Cámaras con una catarata de proyectos para intentar instalar una nueva agenda que controle los recintos.

Uno de esos casos es el de la reforma al Consejo de la Magistratura, que quedó sin efecto en el Senado cuando la oposición perdió la votación el año pasado y ahora vuelve en un nuevo proyecto. Un grupo de diputados de distintos bloques de oposición, presentó un nuevo proyecto de reforma del Consejo que reproduce el que se aprobó en esa Cámara y que luego frenaron los senadores en noviembre.

Esa iniciativa la firmaron radicales encabezados por Ricardo Gil Lavedra; Federico Pinedo, Margarita Stolbizer, Horacio Piemonte, Adrián Pérez, Gustavo Ferrari, Lisandro Viale, Marcelo López Arias, Graciela Camaño, Fernando Pino Solanas, Alcira Argumedo, Paula Bertol y Patricia Bullrich.

Propósito

Ahora se busca reimpulsar el proyecto original que propone modificar la composición del Consejo de la Magistratura disminuyendo la proporción de representantes políticos y subiendo la de jueces y abogados.

Propone, además, cambios en los mecanismos de control de la gestión judicial y la participación de la sociedad civil a través de la creación de un consejo consultivo honorario.

No es el único caso. Alfonso Prat Gay, Gil Lavedra, Federico Pinedo y Gustavo Ferrari, vienen presentando decenas de proyectos, la mayoría de los mismos cayeron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se suman a la agenda pendiente de 2010.

Diferencias

Buscan así traer a la vida el debate por la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, la distribución del impuesto al cheque y la reforma al INDEC, que quedó también bloqueada por las diferencias entre el proyecto que aprobó el Senado y el que la oposición sostiene en Diputados.

Ese debate comenzará hoy con una audiencia pública a la que fueron invitadas diez consultoras privadas donde se debatirán las sanciones que aplicó Guillermo Moreno por la difusión de datos de inflación. Ese debate fue organizado por Margarita Stolbizer, pero también participarán de la audiencia pública los representantes de las entidades sancionadas, académicos, economistas y organizaciones sociales.

El encuentro se realizará a partir de las 15 en la Sala 1 del Anexo de Diputados, donde también se discutirá sobre «las graves consecuencias derivadas por la falta de estadísticas confiables y la persecución a las consultoras privadas».