Alarde judicial: la obra social más ahorrativa

Juan Carlos Maqueda

La Corte Suprema de Justicia definió mediante una acordada la creación de un fondo anticíclico de 1.335 millones de pesos para la obra social del Poder Judicial. Se trata de una jugada clave en el contexto actual, cuando el Gobierno demora la firma que autoriza la reasignación de partidas presupuestarias que le son propias al Poder Judicial.

Considerando que la economía atraviesa ciclos durante los cuales los recursos pueden sufrir variaciones sustanciales, contando con recursos extraordinarios generados en el auge del ciclo y resultando insuficientes en períodos de depresión, es prudente poder equilibrar los mismos en el tiempo para garantizar un nivel adecuado de prestaciones, sostiene la acordada que firmaron todos los ministros del máximo tribunal.

Desde hace años, la obra social de la Corte es una estructura controlada por Juan Carlos Maqueda, quien ubicó como director a Aldo Tonón, exadministrador de la obra social del Congreso y, más recientemente, como su segunda a Marta Herrera Alem, quien supo ser, durante años, su secretaria privada y que ya fue presentada ante los principales jueces del país.

El fondo anticíclico tiene como finalidad garantizar los recursos financieros necesarios para cubrir hechos generados por la reducción de los recursos previstos y situaciones excepcionales no contempladas durante los ciclos económicos y también el cumplimiento integral y oportuno de los deberes asistenciales que, como fruto del avance científico, se establezcan legalmente en el futuro y que importen un mayor nivel de cobertura a cargo de la entidad, al introducir nuevos tratamientos, técnicas, alternativas o métodos terapéuticos, expresa la acordada. La Corte ya cuenta con un fondo de ahorros, producto de los excedentes del presupuesto del Poder Judicial, que tienen su origen en aquellos fondos provistos, pero que no llegaron a implementarse. Esta caja se ha transformado en una herramienta clave ya que el Gobierno todavía no firmó la reasignación de partidas que le permite a la Corte usar sus propios fondos para otorgar aumentos salariales. Para evitar medidas de fuerza, el máximo tribunal recurrió a estos fondos en el momento de autorizar el segundo incremento del año.

En la Corte confían en que la firma llegue antes de las elecciones legislativas.