El director ejecutivo de AI Venezuela, Marcos Gómez, expresó en un comunicado que "el catálogo de abusos a los derechos humanos que se registraron en el contexto de operativos de seguridad y orden público durante estados de excepción en el pasado sentaron un precedente alarmante".
Maduro firmó el fin de semana un decreto de estado de excepción y emergencia económica que le daría "el poder suficiente" para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado en su contra.
AI recordó que Venezuela atraviesa una grave crisis que afecta los derechos de la población, caracterizada por el desabastecimiento de remedios y alimentos, los altos índices de homicidios y violencia, y el bajo nivel de generación eléctrica.
La organización no gubernamental advierte en su nota de que las medidas derivadas del estado de excepción no deben ser usadas para reprimir las protestas pacíficas, en especial aquellas que tengan que ver con reclamos por derechos sociales, económicos y políticos y que, de ninguna forma, sirvan para justificar la detención arbitraria de quienes participen en éstas.
"El Gobierno debe recordar que los estados de excepción no derogan ni suspenden el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de manera que los cuerpos de seguridad y los funcionarios siguen siendo responsables por sus actuaciones u omisiones e, igualmente, que tampoco suspende el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la protección de los derechos humanos", resaltó Gómez.
Mencionó además que entre agosto y septiembre de 2015 el Gobierno adoptó una serie de decretos que afectaron a un grupo de municipios en las zonas fronterizas con Colombia por los cuales se militarizaron dichas zonas. La ONG señaló que ante los operativos bajo estos decretos de estado de excepción se recibieron y documentaron denuncias de deportaciones, desalojos y detenciones presuntamente arbitrarias, así como tratos crueles y discriminatorios contra ciudadanos de nacionalidad colombiana.
| Agencia EFE |
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