Berlín - Exacerbada por la detención de defensores de derechos humanos en Estambul, Alemania anunció ayer una "reorientación" de su política hacia Turquía con medidas que pueden penalizar económicamente a un socio histórico.
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La primera acción concreta consiste en nuevas recomendaciones, más severas que las precedentes, del ministerio de Exteriores para los alemanes que viajan a Turquía, en plena temporada turística.
"Debemos ser más claros que hasta ahora" y decir que las violaciones de los derechos humanos en Turquía "no pueden quedar sin consecuencias", declaró el ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, en Berlín. Gabriel indicó además que Alemania va a "discutir con sus socios europeos" sobre el futuro de los fondos que Turquía recibe de la Unión Europea (UE) en el marco del proceso de adhesión.
Para reforzar la presión hacia Turquía, Gabriel se dirigió también a las empresas alemanas, porque, señaló, "nadie puede aconsejar inversiones en un país cuando no hay seguridad jurídica", una situación que sucede, afirmó cuando se acusa a cualquiera de apoyar "el terrorismo". El semanario alemán Die Zeit reveló que existe una lista que incluye varias empresas germanas a las que Ankara atribuye vínculos con grupos que considera terroristas. Esta "reorientación" incluye un reexamen de los créditos, o ayudas financieras que Berlín aporta a las exportaciones o a las inversiones de las empresas alemanas en ese país.
Este giro es una respuesta inmediata al encarcelamiento de un activista alemán el fin de semana pasado. En total nueve connacionales, cuatro de ellos turco-alemanes, se encuentran detenidos en Turquía desde el intento de golpe de Estado de 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan.
Turquía es el tercer destino vacacional preferido de los alemanes. Asimismo, Berlín tiene inversiones por más de 12.000 millones de euros en Turquía, donde hay 6.000 empresas germanas activas, y los intercambios comerciales superan los 37.000 millones de euros. Además, el nuevo tono compromete las relaciones con un socio de la OTAN y país clave para frenar la llegada de refugiados al territorio comunitario, en virtud del acuerdo suscrito con la UE en plena crisis migratoria.
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