14 de febrero 2019 - 00:01

Stornelli: intentan que causa por extorsión quede radicada en los tribunales de Comodoro Py

Casal le devolvió brasa caliente a juez Ramos Padilla y pidió saber si imputó al fiscal. Eje de la futura discusión: si el pedido de dinero se generó en Pinamar pero se pagó en Capital Federal (definición para que el caso quede concentrado en juzgado de Retiro). Denuncias unificadas contra juez Rodríguez, pero con pedidos de rigor.

instructor. Académico Diego Molea a cargo del sumario en Consejo.
instructor. Académico Diego Molea a cargo del sumario en Consejo.

El objetivo central de la estrategia defensiva del fiscal Carlos Stornelli en la causa que lo señala como supuesto beneficiario de una extorsión a un empresario involucrado en la trama de los “cuadernos” será que todo el expediente pase al fuero federal de Comodoro Py. La cuestión quedó planteada en su denuncia contra el presunto intermediario Marcelo D’Alessio, que ayer fue nuevamente allanado por orden del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. En su escrito, en el que resultó sorteado Julián Ercolini, resaltó la “actividad indudablemente fraudulenta” llevada a cabo por quien aparece en grabaciones como quien negoció una “atención” para el fiscal investigador de la causa por corrupción, pero que habría realizado un pago en “un bar de Puerto Madero”. Como no puede haber dos expedientes simultáneos que investiguen lo mismo, el eje de la discusión será si la maniobra de extorsión se perfeccionó en Pinamar -jurisdicción de Dolores- o si se materializó en Capital Federal, donde el fuero de atracción (pese al origen previo de la denuncia) serían los tribunales de Retiro. Cuando exista tironeo, por el reclamo del expediente, la Cámara Federal de Mar del Plata tomará la decisión.

En paralelo, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, rechazó ayer un pedido de Ramos Padilla para iniciar una investigación administrativa tras una denuncia contra Stornelli. Casal sostuvo que “no es función del procurador general de la Nación realizar las medidas” que solicitó Ramos Padilla, ya que “ellas son propias de las atribuciones de su jurisdicción”. Con ese movimiento, le devolvió la brasa caliente que podría haber derivado en la apertura de un sumario interno para ser analizado por la comisión evaluadora de desempeño de los fiscales y eventualmente promovida para sanciones disciplinarias. “Más aún cuando por la generalidad con que aparecen formuladas, su realización implicaría un grado de discrecionalidad, valoración y selección que son de exclusivo resorte del magistrado a cargo de la investigación (...) a partir de su conocimiento de las constancias del sumario que sólo es público para las partes”, esgrimió Casal. Aun así, el procurador agregó que “se brindará la colaboración necesaria a la investigación penal” y pidió al juez federal de Dolores que le haga saber “si se ha requerido la imputación de algún funcionario” del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Así requirió definiciones: si más allá de D’Alessio, es el propio Stornelli quien está investigado. Significó una buena noticia para Stornelli ya que cualquier expediente abierto podría implicar que sea apartado de la causa cuadernos, más allá de la recusación planteada por una de las defensas. Empresarios de primera línea deslizaron a su entorno que no avanzarán en contra del fiscal que está a cargo de la causa. Los motivos difieren, pero en muchos casos incluyen no agitar aguas frente a su imagen hacia afuera, donde se juegan inversores o cotizaciones internacionales vinculadas a sus empresas.

Los allanamientos a D’Alessio arrojaron sorpresas: credenciales de la DEA, equipos de espionaje y armas de alta tecnología fueron parte de la pesquisa ordenada por Ramos Padilla y el juzgado federal con jurisdicción en Canning donde se asienta el country donde reside el abogado y autopostulado asesor de seguridad. El Gobierno pasó de minimizar la denuncia a considerarla parte de una “operación” pergeñada por exfuncionarios K detenidos, pero la realidad fue empujando a los protagonistas a trazar su estrategia por si el caso subía de voltaje. D’Alessio declaró que hubo dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que le encargaron una investigación sobre Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que denunció la extorsión vinculada a la declaración del exsecretario de Hacienda Juan Manuel Campillo. Dio nombres propios, aunque la cuestión salpica de manera doble a las oficinas que comanda Gustavo Arribas por la difusión -vía Elisa Carrió- de transcripciones que corresponderían a escuchas sobre detenidos K.

Pese a la presión que se cierne sobre él, el juez federal Luis Rodríguez obtuvo un mejor panorama con respecto a las acusaciones que lo señalan como presunto receptor de un soborno por parte de Daniel Muñoz, exsecretario presidencial. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura ordenó ayer las primeras medidas de prueba y unificó las cinco denuncias existentes contra el magistrado dejándolas a cargo del consejero representante de los académicos, Diego Molea. Se cursarán pedidos para obtener la declaraciones juradas de Rodríguez (y de su esposa) y una copia del testimonio de Carolina Pochetti, donde aseguró que su esposo le pagó u$s10 millones a un abogado que tendrían como destinatario al juez para que no avance una causa en su contra. Los consejeros jueces se opusieron a parte de la batería de pruebas. Pero un antecedente fue usado como réplica para ignorar las advertencias de los magistrados Juan Manuel culotta y Alberto Lugones contra la intromisión del Consejo en cuestiones que podrían ser eje de una causa penal: los requerimientos impulsados por el oficialismo contra el excamarista Eduardo Freiler que indagaron en cuestiones financieras y patrimoniales a las que el Consejo antes no tenía acceso.

Por eso se enviarán oficios a las entidades emisoras de tarjetas de crédito para que informen los gastos que realizó Rodríguez en el último tiempo, mientras que al Banco Central le pedirán datos sobre las cuentas que estén a su nombre. Por otra parte, le preguntarán a la Unidad de Información Financiera (UIF) si existe algún reporte de operaciones sospechosas en el que esté vinculado el magistrado. No se abrió el proceso para que el juez haga su descargo en indagatoria (artículo 20) sino que por ahora, la apertura del expediente será moderada. Tampoco se convocó a Pochetti a declarar, sino que se solicitó a la Cámara Federal la resolución por la cual se desplazó a Rodríguez de la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra Muñoz y su esposa. Preguntarán a Migraciones por sus viajes y (de rigor) a los registros de la propiedad sobre bienes registrados a nombre del magistrado. Hubo mensajes subterráneos para aplacar nerviosismo entre magistrados sobre las medidas sobre las que avanzará el Consejo.

Dejá tu comentario