Allanan 18 compañías por facturas truchas

Javier López Biscayart

La Justicia en lo Penal Tributario ordenó 18 allanamientos en importantes empresas, en el marco de una causa que investiga el presunto uso de una usina de facturas truchas supuestamente utilizada para evadir el Impuesto a las Ganancias y el IVA.

La medida -cumplimentada la semana pasada pero conocida ayer- fue ordenada por el juez Javier López Biscayart -quien reemplazaba momentáneamente a la magistrada Verónica Straccia, a cargo del caso-, y afectó a las compañías Repsol YPF, Siemens, T y C, Siderca, Ribeiro, Colombo y Magliano, Credimas SA, Planobra SA, El Progreso Seguros S.S., Seac SA, Dowel SA, Servicios Portuarios SA y San Pedro Resort SA (Hotel Howard Johnson de San Pedro), entre otras

La pesquisa se inició en 2006, a partir de una investigación sobre la supuesta emisión de facturas truchas para evadir impuestos, que tenía como eje a la empresa de productos farmacéuticos, Rigecin Labs SA.

La causa, impulsada por el fiscal en lo Penal Tributario, Germán Bincaz, se fue ampliando hasta llegar a la disposición ordenada la semana pasada. Por pedido del fiscal, se allanaron todas las empresas que presentarían facturación apócrifa por un monto superior a los $ 100 mil por período fiscal.

Alcance

Las compañías alcanzadas por la disposición de López Biscayart no serían las únicas investigadas por la Justicia en este caso, sino que habría varias más incluidas en la pesquisa. Además, se van a seguir impulsando otros allanamientos, secuestros de información, de libros y registros, y de registros informáticos.

La asociación de este caso con la causa que investiga la utilización de facturas truchas y el presunto pago de sobornos a funcionarios del Gobierno kirchnerista por parte de la empresa sueca Skanska, parece inevitable. Fue justamente López Biscayart el magistrado a cargo de la primera parte de la pesquisa, en la que, a partir de una denuncia por el uso de facturas truchas, se descubrió la creación de empresas fantasma que habrían canalizado el pago de sobresueldos a funcionarios estatales, en el marco del contrato por la ampliación del Gasoducto del Norte. El segundo tramo de la causa, que investiga el supuesto pago de sobornos, está a cargo del juez federal en lo Criminal y Correccional, Norberto Oyarbide.

Habrá que esperar a los resultados que aporten los documentos secuestrados durante los allanamientos de la semana pasada, para que la Justicia analice si está ante un nuevo caso Skanska.