Lo ordenó el juez Martínez de Giorgi a raíz de concursos irregulares. La Cámara Electoral bajó pulgar a traslado de Culotta, jugada oficial para cubrir distrito clave.
El control judicial de las próximas elecciones legislativas quedó al rojo vivo luego del portazo de la jueza nacional con competencia electoral María Servini de Cubría a su subrogancia en la provincia de Buenos Aires, con denuncia de presiones oficiales incluida. Mientras el Gobierno vacila en convocar a un plenario extraordinario del Consejo de la Magistratura para jugar sus fichas con el traslado del juez de 3 de Febrero Juan Manuel Culotta, la Cámara Nacional Electoral -máximo tribunal electoral- deslizó un rechazo a la movida que cuenta con auspicio de la Casa Rosada. En medio de este escenario convulsionado, la Justicia federal allanó la Comisión de Selección del órgano encargado de nombrar magistrados en busca de los expedientes de varios concursos que fueron denunciados como irregulares, entre ellos los de juzgados electorales en el interior del país.
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Mientras tanto y luego del alejamiento de Servini de La Plata, la Cámara Nacional Electoral nombró al juez federal platense Adolfo Gabino Ziulu de manera interina para cubrir la suplencia por el lapso de 60 días. En el camino, el Consejo debiera resolver si le da curso a la avanzada que postula a Culotta con guiño de la Secretaría Legal y Técnica, o si desiste de la jugada que augura una lluvia de impugnaciones. La CNE le bajó sutilmente el pulgar a Culotta ante la consulta que le giró el Consejo en idénticas condiciones a la que le formuló a la Cámara Federal de La Plata pidiendo opinión para la migración de un juez nombrado en otra jurisdicción al más importante de la provincia por su rol en el control de las elecciones del 37% del padrón. A través del oficio N° 6186, la CNE le contestó que ya le había pedido al órgano el desdoblamiento de la competencia del juzgado federal N° 1 para que exista un tribunal especial que se dedique exclusivamente a la cuestión electoral. Consideraron "indispensable" la cobertura de la vacante y recordaron que la secretaría que controla los comicios cuenta con 400 empleados y que los jueces que actúan como suplentes cobran un plus casi idéntico al sueldo de un juez titular. Repasaron que la provincia cuenta con más de 11 millones de electores, más de 5 mil lugares de votación y 34.505 mesas que se suman a 69 mil autoridades de mesa. Sólo en Buenos Aires hay 71 partidos reconocidos a los que se debe controlar. El pedido no tendrá por ahora eco: el oficialismo en el Consejo desechó la idea de desdoblar ese juzgado clave que todas las fuerzas políticas ambicionan.
"Se observa que el magistrado propuesto no cuenta en su cargo actual con la competencia electoral que adquiriría en el caso de su traslado", se refirió la CNE sobre Culotta. Y aprovechó para quejarse de una movida similar de forma inconsulta que permitió el traslado aprobado por el Consejo del juez de Oberá al juzgado electoral de Misiones. Para distender, la CNE agregó que chequeó que el postulante cumple con los requisitos que fija la ley para los jueces electorales que es no haber estado enrolado en alguna fuerza política en los últimos cuatro años. De ese argumento se aferró el bloque oficialista para mostrar que la CNE "no tiene objeción alguna para formular" sobre Culotta.
De todas formas, hasta anoche no se había convocado a un plenario extraordinario y los consejeros Gustavo Valdés y Angel Rozas (UCR) enviaron sendos mensajes diciendo que no volverían a Capital Federal para que hoy se lleve a cabo una extensión de las sesiones. Nada quita que pueda convocarse en plena feria.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi concretó el martes un operativo policial en la sede del Consejo. La orden de presentación con facultad de allanamiento tenía por objetivo secuestrar los expedientes del Concurso Nº 279 -para cubrir cargos en los Tribunales Orales Federales de La Plata- y sus actuaciones administrativas, como los expedientes de los concursos 376 (para cubrir un cargo en la Cámara Nacional Electoral), 377 (para cubrir un cargo vacante en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta) y 379 (para cubrir el cargo vacante en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos que tiene competencia electoral también), Las denuncias por irregularidades de los postulantes apuntaron al secretario José Elorza que fue quien inició por sí mismo la causa penal que motivó el allanamiento por la pérdida de documentación clave de un concurso. Los inscriptos detallaron una serie de anormalidades que van desde desprolijidades administrativas graves hasta manipulación de profesores que actuarían como jurados.
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