Allanaron casa de los Noble por ADN

El juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, ordenó ayer dos allanamientos en las viviendas de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, en el marco de la causa por presunta apropiación de los jóvenes durante la última dictadura, pero la medida fue rechazada tanto por las Abuelas de Plaza de Mayo como por la defensa de Marcela y Felipe Noble Herrera.

El objetivo del procedimiento fue la obtención de nuevas muestras de ADN de los jóvenes a partir de células del cuerpo desprendidas en cepillos de dientes y cabellos, que eventualmente serán cotejadas a modo de «contraprueba» con las muestras de sangre extraídas el martes pasado en el Cuerpo Médico Forense.

Los allanamientos fueron realizados ayer a la mañana por una delegación de la Policía Federal de San Isidro, aunque el abogado de la dueña del Grupo Clarín, Jorge Anzorreguy calificó el operativo como «visitas domiciliarias», en las que el material requerido fue entregado «espontáneamente».

La medida fue rechazada por las dos partes en pugna: Abuelas de Plaza de Mayo denunció que la disposición de Bergesio había sido «innecesaria e irregular», mientras que la defensa de la familia anunció que pedirá la nulidad del acto «por su ilegalidad, falta de fundamentación e inconstitucionalidad».

«No comprendemos por qué el juez dicta esta medida ahora, un día después de aplicar una orden irregular para la obtención de sangre. Estamos sorprendidos porque no tiene ningún sentido haber expuesto a los jóvenes para la obtención de muestras cuando luego se dispone otra cosa», dijo el apoderado de Abuelas, Mariano Gaitán.

La resolución de Bergesio se basa en la nueva ley de extracción compulsiva de ADN, aprobada el 18 de noviembre pasado en el Congreso, y que fue cuestionada por la defensa de la familia Noble el 15 de diciembre pasado. En este sentido, el defensor de los Herrera Noble resaltó que «el procedimiento se fundamentó en el marco de la nueva ley de extracción compulsiva de ADN, que no es aplicable a nuestro caso, ya que no hay ningún dato objetivo en la causa que autorice a sostener que los jóvenes son hijos de desaparecidos. Planteamos la inconstitucionalidad de la ley y aún no ha sido tratada por el juez ni por las instancias superiores».

El conflicto entre la familia Noble y organismos de derechos humanos se basa en que el estudio de ADN se circunscribiría al cotejo de dos familias querellantes.