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AMIA; impiden salir del país a Telleldín
Carlos Telleldín
La decisión fue tomada por la jueza María Servini de Cubría, a pedido del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, quien consideró «imprescindible administrar los mecanismos necesarios para asegurar que un eventual nuevo juicio se pueda realizar» con Telleldín como uno de los imputados. El pedido fue realizado ante la Cámara Nacional de Casación penal la semana pasada (quien tiene a cargo por el momento el caso, desde el fallo de la Corte), pero el tribunal lo derivó a la Justicia de instrucción y fue resuelto por Servini, quien está de turno en la feria judicial en reemplazo del juez a cargo de la investigación, Rodolfo Canicoba Corral.
Obligaciones
Telleldín no podrá salir del país y deberá informar a la Justicia cualquier situación que lo obligue a dejar su domicilio por varios días, además de presentarse periódicamente ante el juzgado.
«Es un primer paso para garantizar que el juicio se va a poder realizar y que él estará a derecho», señaló Nisman, quien además destacó que había solicitado la medida «más allá de que todavía Casación debe dictar un nuevo fallo acorde con lo resuelto por la Corte».
El máximo tribunal dispuso el 27 de mayo pasado que se revocara la absolución dictada a Telleldín en un juicio oral y ratificada por Casación, así como validó parte de la investigación hecha por el destituido juez Galeano, en un fallo que se consideró «histórico». Ahora, la Cámara de Casación debe dictar un fallo donde se contemple un nuevo juicio oral para Telleldín, ya sea ampliando la investigación y/o considerando válido lo hecho hasta octubre de 1995 en la causa. El caso ya está radicado en la Sala II, integrada por los jueces subrogantes Guillermo Yacobucci y Luis García, quienes no intervinieron en la sentencia objetada por la Corte, y por eso estarían en condiciones de dictar un nuevo fallo.
Telleldín fue acusado de haber sido el último dueño de la camioneta Traffic usada como cochebomba en la AMIA, el 18 de julio de 1994, en el atentado que causó 85 muertos y cientos de heridos. En el primer juicio oral que enfrentó, el Tribunal Oral Federal 3 consideró que el entonces detenido vendió la camioneta que se usaría en el ataque, sin saber nada del atentado. Luego sostuvo que toda la causa había sido ilegal porque la SIDE le pagó u$s 400 mil para que declarase haberla entregado a un grupo de policías bonaerenses, también absueltos en el juicio.


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