Luego de la feria judicial, desfilarán por la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py testigos importantes. El exespía Antonio Horacio Stiuso deberá comparecer y explicar cómo en el juicio AMIA I, sus dichos desbarataron el primer proceso que apuntaba a un grupo de policías bonaerenses como el nexo local con la masacre. No tiene fecha de citación aún. Lo mismo que la expresidente Cristina de Kirchner, una de las principales críticas de la investigación llevada a cabo por el exjuez Juan José Galeano, desde la Comisión Bicameral de Seguimiento del atentado.
Por primera vez, familiares de las víctimas pudieron declarar como testigos de todo cuanto ocurrió desde el comienzo de la causa. Asistentes de Galeano, hoy jerarquizados funcionarios judiciales dieron cuenta de irregularidades que confirmaron que había cámaras ocultas en el juzgado. Esas filmaciones registraron algo plenamente probado, antes de llegar a la instancia oral: se pagaron u$s400 mil de la SIDE al exreducidor Carlos Telledín para que mute su testimonio y señale a los bonaerenses como los responsables, encabezados por Juan José Ribelli hoy sentado en la silla de querellante. Ocurrieron múltiples irregularidades en el allanamiento al domicilio de Alberto Kanoore Edul, por entonces con una relación con la familia del presidente Carlos Menem. El actual senador jamás fue al juicio. Adujo problemas de salud con certificados médicos ilegibles. Jorge "Fino" Palacios fue procesado por este hecho que agregó la destrucción de casetes con escuchas clave. "Pensamos que tenían copias", arriesgó uno de los policías que fue encargado de la destrucción. Así también hubo testimonios que frente a los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perill dieron cuenta de los obstáculos en el seguimiento de la pista "Kanoore Edul". La duración del proceso ya superó ampliamente las expectativas iniciales. A partir de agosto, continuarán desfilando los exempleados de Galeano. El exjuez es el único que no ha faltado a las audiencias.
Paradójicamente, hay causas espejo al juicio por AMIA pero con protagonistas invertidos. Claudio Lifschitz, exsecretario del juez e infiltrado de la Policía Federal que reveló en 2003 la trama de parte del encubrimiento afronta un inminente juicio oral por violación de secretos, precisamente por las irregularidades que contó. Miriam Salinas, testigo que afirma haber sido coaccionada por funcionarios judiciales para cambiar su testimonio, en otro proceso, es querellada por los exfiscales Eamón Mullen y José Barbaccia. Contrasentidos.
A esta altura, las querellas advierten que uno de los principales objetivos del juicio ya no se cumplirá. Será muy difícil que surjan elementos novedosos que permitan saber qué ocurrió en realidad en la voladura del edificio de Pasteur 633, y alimenten la causa principal, que permanece empantanada. No ha habido más pistas sobre lo que pudo haber sido la conexión local del atentado. Ni siquiera pueden contabilizarse como aportes trascendentales las horas de audiencias reservadas, en las cuales -por disposición del TOF2- han declarado los agentes de inteligencia que estuvieron abocados a seguir las distintas pistas del expediente.
La DAIA no querella a uno de sus exdirigentes, Ruben Beraja, acusado de haber negociado y haber tenido pleno conocimiento de que se le iba a pagar a Telleldín para que invierta su testimonio.
También se cumplirán 11 años de la firma del compromiso entre el Estado argentino y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para brindar justicia a las víctimas. Sigue siendo un pendiente, y una reciente regulación del Gobierno volvió a la opacidad el manejo de los fondos de la ex SIDE.
| G. M. |
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