AMIA: querella pide el juicio a tres acusados

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Uno de ellos es Federico Domínguez, que hoy integra la Cámara de Casación bonaerense y fue procesado por presionar a testigos para desviar la causa.

 Mientras que el mismo día en que la atención era concentrada en la reapertura de la denuncia por presunto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA formulada por el fiscal Alberto Nisman y criticada por todas las asociaciones de familiares de las víctimas, Memoria Activa pidió que sean enviados a juicio oral tres acusados por el encubrimiento a la investigación. Se trata de Luis Vicat, Marta Parascándalo y el juez de Casación bonaerense Federico Domínguez, acusados por el propio extitular de la UFI AMIA como partícipes de las maniobras para presionar testigos que desviaran el curso de la investigación, tal como se está juzgando en el proceso que tiene al expresidente Carlos Menem en el banquillo. Domínguez, a un paso de ir a juicio, continúa ejerciendo su cargo en el máximo tribunal penal de la provincia sin que se hubiera iniciado ningún proceso de juicio político.

El expediente que los vincula es un desprendimiento de la decena de causas que tramitan en la Justicia por el desvío de la investigación que tiene su tramo principal en medio de un juicio oral. Paradójicamente, el juez Ariel Lijo (que ahora tiene a su cargo la denuncia de Nisman) tramitó esa causa y procesó a los implicados, pero fue desplazado en marzo pasado por la Cámara Federal a raíz de haber dictado la falta de mérito contra los exsecretarios del exjuez Juan José Galeano. El tribunal superior confirmó los procesamientos por lo que el juez que entró en reemplazo de Lijo, Sebastián Ramos consideró cerrada la investigación e inició el proceso para la elevación a juicio. Memoria Activa se pronunció de manera favorable a que sean enjuiciados y lo mismo se espera de la fiscalía para que se fije una fecha de inicio del proceso.

Para la querella, los tres actuaron de forma coordinada junto a Galeano para coaccionar a policías que estaban detenidos en el marco de la investigación por el atentado para que apuntaran al bonaerense Juan José Ribelli. En la causa a cargo de Ramos se estableció que a cambio de sus testimonios (que incluían presiones a familiares) Vicat, Domínguez y Parascándalo ofrecieron a los policías beneficios del tipo económico, laboral, incluso una nueva identidad en el exterior.

Domínguez -que pese al procesamiento confirmado continúa en su cargo como camarista de Casación- era defensor del policía Juan Bautista Huicin, que fue inducido a mentir por su propio defensor para que afirmara haber visto la Trafic blanca en la delegación que comandaba Ribelli. Después de representarlo, Domínguez saltó a la Secretaría de Seguridad bonaerense. Vicat -actual "especialista" en medios de comunicación en materia de seguridad- era comisario y fue jefe del área especial de investigación del atentado y se presentaba como "amigo" del extitular de la DAIA, Rubén Beraja ante policías detenidos. Diego Barreda, Juan Maisú y Huici declararon haber sido presionados por Vicat. Parascándalo fue la defensora de Alejandro Burguete, quien sí accedió a los beneficios ofrecidos para dirigir la atención sobre Ribelli, lo que le permitió ser excarcelado y servir como ejemplo para que los otros abogados presionaran sobre sus clientes.

Domínguez, luego del procesamiento, solo dejó de ser presidente de la Cámara de Casación bonaerense a pesar de estar a las puertas de un juicio por coacción en el marco del encubrimiento a la AMIA.

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