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AMIA: reabren investigación por encubrir
La resolución de la Sala I del tribunal data del 19 de junio, pero recién se conoció ayer. Los camaristas Carlos González, Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone declararon la nulidad de los sobreseimientos que había dispuesto Lijo sobre los acusados.
Los magistrados rechazaron el criterio que aplicó Lijo respecto de una eventual "obediencia debida" de los excolaboradores del exjuez Juan José Galeano, que tuvo a su cargo por años la causa AMIA. Y también le endilgaron al instructor de primera instancia haber analizado los hechos como individuales y no como parte de una supuesta maniobra integral montada por Galeano con la colaboración de sus asistentes y de miembros de la Policía Bonaerense.
De este modo, Lijo deberá retomar la investigación que había abandonado respecto de los excolaboradores de Galeano Carlos Velasco, Susana Spina, José Pereyra y Javier de Gamas. También acerca del camarista de Casación Federico Guillermo Domínguez, entonces abogado de un policía bonaerense que había sido detenido por orden de Galeano. También seguirán bajo pesquisa los entonces comisarios Miguel Ángel Márquez, Antonio Calabró, José Jofré; los expolicías Luis Vicat, Jorge Menno y Aldo Sipcacci Citarilla, y la abogada Marta Parascándalo.
Fundamentos
En los fundamentos de la resolución, los camaristas dijeron haber encontrado un "déficit de fundamentación" en los sobreseimientos dispuestos por Lijo, por lo que le exigieron ampliar la investigación sobre todos los sospechosos e incorporar en ese lote al exministro Corach.
El expediente es uno de los capítulos de la investigación por la causa AMIA. Indaga sobre una posible maniobra que habría estado orquestada por Galeano para presuntamente distraer de la denominada "pista iraní sobre un supuesto eje de complicidades en la Policía Bonaerense con los responsables de la voladura.
Los magistrados le dieron la razón a la agrupación Memoria Activa, que había apelado los sobreseimientos de los acusados a través del abogado Rodrigo Borda; al Ministerio de Justicia y al expolicía bonaerense Juan José Ribelli, que se presentó como víctima de la supuesta maniobra de encubrimiento. En cambio, el Ministerio Público Fiscal evitó apelar, lo que generó críticas entre los otros querellantes en el expediente y una nota dirigida a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que revisara la actuación de sus subordinados.
En el expediente ya habían sido procesados los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia junto con Galeano. La acusación general menciona supuestas presiones a testigos y a sospechosos, destrucción de pruebas y desvío de la investigación.
Los querellantes destacaron que la Sala I de la Cámara del Crimen hubiese anulado los sobreseimientos de Lijo en lugar de revocarlos, lo que fue interpretado como una sanción más explícita a la labor del juez.
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