AMIA: reacción inexplicable del régimen de Teherán

Resulta notable la reacción del Gobierno de la República de Islámica de Irán ante las oportunas consideraciones señaladas por la Argentina como consecuencia de la designación en su gabinete de una persona requerida por Interpol por un acto de terrorismo.

En lugar de manifestar molestia u ofensa por una posición que no puede ser más legítima, deberían expresar su plena disposición de colaborar con la Justicia argentina a los efectos de contribuir a dilucidar lo que ocurrió en un acto terrorista que ha enlutado a toda una sociedad. Una respuesta cooperativa sería la mejor forma de demostrar la proclamada inocencia de ésa y otras personas.

El Gobierno de Irán no puede desconocer que la 76ª Asamblea General de Interpol, celebrada en Marruecos en 2007, confirmó la decisión unánime del Comité Ejecutivo de dicha Organización de publicar seis de las nueve notificaciones rojas solicitadas por la Justicia argentina en relación con el atentado perpetrado en 1994 contra la AMIA.

La delegación de Irán estuvo presente en dicha sesión y procuró, por todos los medios posibles, que dicha decisión no se adoptara sin aportar argumentos suficientes que convencieran a las delegaciones. En cambio, la solidez de la exposición argentina hizo que la mayoría de los delegados confirmara la decisión unánime del Comité Ejecutivo.

Ante esta decisión de Interpol, hubiese sido esperable un comportamiento distinto y más cooperativo por parte de las autoridades de la República Islámica de Irán, por lo menos contestando las rogatorias judiciales. La Justicia argentina así lo debe de haber esperado.

La decisión de designar una de las seis personas con orden de captura a través de circulares rojas de Interpol en el Gabinete del nuevo Gobierno es una demostración que sólo puede ser interpretada como de desprecio ante el trágico hecho ocurrido como sobre la incansable labor judicial que procura llevar a juicio a sus responsables.

Los actos terroristas no pueden quedar impunes y todos los países tienen la obligación de contribuir, con todos los medios a su alcance, para brindar asistencia a que los responsables sean sometidos a la Justicia.

Los presidentes de la Argentina así lo señalaron con claridad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en los últimos dos períodos ordinarios de sesiones. La comunidad internacional es consciente de la gravedad del acto terrorista ocurrido en Buenos Aires en 1994 como de los esfuerzos que se realizan para concluir con la investigación del atentado.

La aprobación por todos los miembros de las Naciones Unidas de la resolución sobre la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, con su Plan de Acción anexo, constituye un testimonio común de la lucha contra estos actos en cualquiera de sus formas y manifestaciones e independientemente de quien lo cometa, en donde y con qué propósitos. Los actos terroristas deben ser siempre condenados y no tolerados. Todos los Estados tienen la obligación de contribuir en ese sentido.

Lamentablemente, el único país que no parece haberse dado cuenta de la trascendencia de lo que esto implica es Irán.