El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal pidió que se declare inconstitucional el DNU con el que se modificó ley de riesgos del trabajo.
Jorge Rizzo
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF)presentó ayer el primer amparo colectivo para que se declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que Mauricio Macri modificó el régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y que creó las Comisiones Médicas como paso previo a definir si un caso es judiciable. Con la firma del titular de la entidad, Jorge Rizzo, el organismo que nuclea a la matrícula de letrados porteña cumplió con la advertencia de intentar bloquear -a través de una medida cautelar- el DNU en el que el oficialismo había depositado expectativas. El planteo de inconstitucionalidad ingresó al juzgado que preside Rita Ailán en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Esto termina por no ser una mala noticia para la Casa Rosada que aguarda tener mejor suerte en esos tribunales que en los de la Justicia Nacional del Trabajo, contra quienes mantiene una fuerte puja.
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Rizzo objetó la vía administrativa elegida por el Gobierno -el DNU- dado que no cumplía con los requisitos para esa herramienta en vistas a que hay un proyecto de ley que ya pasó el filtro del Senado. "No existen circunstancias excepcionales que justifiquen su dictado, mucho menos en una materia ya regulada por un proyecto, de ley", indicó la presentación, cuyo primer paso será que Ailán lo acepte o lo derive a la Justicia del Trabajo, de acuerdo con la especificidad del decreto. Como adelantó Ámbito Financiero el lunes, será una batalla de interpretaciones sobre un asunto clave para el Gobierno. Los abogados porteños consideraron que hubo un avance del Ejecutivo por sobre los otros poderes, por lo que pidieron su inmediata suspensión "La presente acción se inicia con el doble propósito de, no sólo proteger a la masa de los trabajadores de un nuevo atropello por parte del Estado como ha sucedido en los últimos años con las anteriores modificaciones al sistema de accidentes de trabajo, sino también de preservar la Supremacía de nuestra marta magna", argumentaron. A través de 45 carillas, justificaron la nulidad del DNU 54/2017 porque se arroga facultades legislativas, lo que calificaron como de una "ilegalidad y arbitrariedad manifiestas" ya que "viola el federalismo".
"El Poder Ejecutivo no sólo ignora que la Corte sostuvo que la obligación de recurrir a las Comisiones Médicas es inconstitucional sino que además, se atribuye funciones judiciales adjudicándose además la autoridad de cosa juzgada de sus decisiones administrativas", objetaron.
El cimbronazo de la presentación -que será la primera de varias- se da en el marco de un paro general de actividades del Poder Judicial en rechazo a la política oficial del traspaso de algunos juzgados a la Ciudad de Buenos Aires. En un hecho inédito, los gremios de empleados judiciales de todos los fueros del país convocaron a un paro al que por primera vez se sumaron explícitamente los integrantes de la Asociación de Magistrados, que llamaron a jueces y fiscales a un cese de actividades hoy a las 12.30 con concentración en el Palacio de Tribunales. Javier López Biscayart presentó ayer su renuncia a la tradicional agrupación argumentando que la medida era excesiva. Pero los magistrados ayer cruzaron llamados para testear la adhesión en Comodoro Py y en el interior del país, lo que ofrecerá hoy una muestra del enfrentamiento entre un importante sector del Poder Judicial con el Ejecutivo.
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