Amplían acusación en causa contra Cristina por “cohecho”

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El fiscal federal Carlos Rívolo amplió su acusación contra la expresidente Cristina de Kirchner por el delito de cohecho, en el marco de la causa Los Sauces, a partir de la denuncia de Margarita Stolbizer. Consideró que la exmandataria pudo haber recibido "coimas" por parte de empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública durante su gestión. Ya la había señalado por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público, este último hecho también achacado a su hijo, el diputado Máximo Kichner.

El fiscal también imputó a los empresarios Lázaro Báez (detenido en una causa por presunto lavado de activos) y a Cristóbal López, a quienes acusó de materializar el pago través de alquileres a propiedades administradas por la empresa de la exfamilia presidencial.

Ante el juez Claudio Bonadio, el fiscal había pedido que se investigue si los alquileres seguían vigentes cuando Máximo Kirchner asumió como diputado nacional y en base a esa información analizaría si imputarlo por cohecho. La decisión de la fiscalía ocurrió en sintonía con la presentación realizada por Stolbizer hace una semana.

La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, investiga los negocios inmobiliarios de la familia presidencial a través de una firma de su propiedad denominada Los Sauces S.A. que administraba distintas propiedades y lotes. La defensa de la expresidente, encabezada por Carlos Beraldi, busca que este expediente se unifique con el que impulsa la pesquisa sobre Hotesur, ahora en poder de Julián Ercolini y donde se investiga una maniobra que sería análoga con la de esta causa. Por un lado, traería aparejado el desplazamiento de Bonadio de la instrucción, algo que ya sucedió con Hotesur.

En su planteo la diputada había sostuvo su hipótesis basado en que existió un presunto "acuerdo que consistía en la entrega continua de dinero por parte de un tercero a través a un funcionario público". El mismo día de la ampliación de la denuncia de Stolbizer, Bonadio había ordenado allanar los consorcios que administran departamentos propiedad de Los Sauces en Puerto Madero y Constitución en busca de constancias de pago y otra documentación en la parte de la causa que investiga ya el supuesto enriquecimiento ilícito. Los que pretendía el magistrado era poder determinar con precisión quienes eran los inquilinos y qué monto pagaban por usufructuar los inmuebles administrados por la firma perteneciente a la otrora familia presidencial.

El juez Bonadio recibió el pedido de la defensa y corrió vista a las partes para que den su opinión antes de resolver sobre este planteo del abogado Beraldi.

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