Anses también va a la Justicia por el conflicto con Techint

El Gobierno, a través de la ANSES, se presentará en las próximas horas ante la Justicia para litigar contra Siderar, del Grupo Techint, por haberse negado a incorporar a tres directores provenientes del organismo a su conducción. Con esto, sumado a que anteayer había sido la compañía siderúrgica la que se presentó en los Tribunales, el conflicto entre el Ejecutivo y la empresa de los Rocca terminó definitivamente de judicializarse.

La confirmación de la decisión oficial de presentar una demanda contra Siderar la hicieron, en conjunto, ayer al mediodía en el Ministerio de Economía, Amado Boudou, y el titular de la ANSES, Diego Bossio. Según este último, en la última asamblea de Siderar se «vulneraron los derechos» que le corresponden al Estado en su condición de accionista minoritario, ya que heredó el 25,97% de la acciones que las AFJP tenían en la siderúrgica. Según la empresa, por ley, la cantidad de directores estatales no podía exceder el 5% de representación, pero un decreto de necesidad y urgencia presentado el jueves dispuso que esa presencia deberá ser equivalente al porcentaje accionario.

Bossio confirmó que «en las próximas horas se presentará una demanda judicial por las irregularidades» durante la asamblea accionaria de la empresa Siderar. La presentación se concretará hoy ante los tribunales de la Capital Federal, al entender el Gobierno que con la decisión de la compañía de no dejar incorporar a los tres nuevos directores, se están vulnerando los derechos de los jubilados representados por el organismo que dirige Bossio. El titular de la ANSES explicó que esto luego se reflejará en la demanda contra el directorio de la compañía del Grupo Techint por «vulnerar los derechos» que le corresponden al organismo en su condición de accionista minoritario. Bossio también señaló que el organismo que encabeza pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la realización de «un sumario contra los directores» de Siderar.

Boudou, en tanto, sostuvo que el Grupo Techint está haciendo un «verdadero papelón» al bloquear el acceso de representantes del Estado Nacional en el directorio de Siderar. Además, el funcionario rechazó que el conflicto que se desató entre el Gobierno y Techint haya influido en la caída que registró el lunes la Bolsa porteña, que perdió más del 2%.

Según pudo saberse ayer, el Gobierno estaría además en diálogo permanente con las otras 27 empresas del listado de compañías con acciones de la ANSES, donde desde la semana próxima se negociaría el ingreso de accionistas. La estrategia oficial es acelerar este proceso para presentar el caso Techint como un conflicto aislado dentro del universo de 43 empresas donde el organismo tiene presencia. De estas compañías, sólo en 27 el Gobierno tendría derechos legales a partir del DNU para incluir directores. Y en al menos siete, el proceso de incorporación de accionistas estaría acelerándose. Los dos casos donde más rápido, siempre según la visión oficial, se llegaría a un acuerdo, sería en Consultatio, de Eduardo Costantini (donde la ANSES tendría un 26,6% de las acciones) y en Banco Macro de la familia Brito (30,9%). En ambas situaciones, la comunicación entre los empresarios y el Gobierno sería buena aun antes de la decisión de la ANSES, y el único acuerdo al que debería llegarse es en el consenso en los nombres (dos para Macro y uno para Consultatio) que ingresarían en los directorios. Luego sería el turno de Gas Natural Ban, Edenor, Banco Patagonia, TGS y Telecom. En todos los casos, asegura el Gobierno, el diálogo es fluido y no habría problemas para realizar las operaciones de incorporación de directores. Para más adelante, y quizá dependiendo de la suerte que tenga el oficialismo en tribunales, se prepara la embestida políticamente más compleja: ingresar al directorio del Grupo Clarín, donde la ANSES detenta el 9% de las acciones y en teoría, la calidad de éstas no permitiría el ingreso al directorio. Dentro del Ejecutivo hay funcionarios que creen que esto puede modificarse y tener aunque sea como veedor o representante a un funcionario del Gobierno.

Los que por ahora no están teniendo suerte en sus reclamos son los representantes de la CGT de Hugo Moyano, que demandaban presencia en los directorios. El argumento oficial, obviamente no público, es que los sindicatos eventualmente involucrados (la UOM, la Bancaria, telefónicos y químicos), no son de la confianza del Gobierno.