Antecedentes en contra y a favor

Para hacer valer la falta de un convenio previo sobre la transferencia del control de 33 líneas de colectivos a la Ciudad, el kirchnerismo apelará a que el año pasado, por una ley del Congreso, se le pasaron al distrito porteño competencias judiciales. El paquete incluyó las investigaciones de supuestos hechos de corrupción de funcionarios de la Ciudad y otros delitos vinculados con la inseguridad. Sin embargo, la Legislatura de la Ciudad aún no adhirió a esa norma, y los delitos siguen en los juzgados nacionales.

Pero anteriormente se firmaron convenios para el traspaso de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que reclama el macrismo, de acuerdo con lo señalado por la Constitución nacional.

Un ejemplo fue la ley porteña 597 del año 2000, mediante la cual la Legislatura de la Ciudad aprobó el convenio de «Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», firmado cuatro meses antes, entre las dos jurisdicciones.

En esa misma ley, señaló que la transferencia «se deberá acompañar de los recursos pertinentes».

En 2006, también los legisladores porteños sancionaron una norma, la 2257 -complementaria de la 597-, que aprobó el Convenio N° 14/04, de transferencia de competencias penales de la Justicia nacional en forma progresiva, que le traspasó diez tipos de delitos, entre ellos lesiones en riña.

En septiembre pasado, la sanción de Diputados fue para el tercer acto de transferencia de competencias judiciales y allí la ley también hizo mención a los recursos.