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Anticipan rechazo a renovar contrato de basura con DNU
Diego Santilli
La demora en llamar a licitación para renovar el servicio, para el cual se pagarán más de $ 1.000 millones, encuentra al Gobierno de la Ciudad con los contratos a vencerse a mediados de febrero y sin convocatoria para una nueva concesión.
La administración macrista piensa en emitir un decreto de necesidad y urgencia para prorrogar los actuales contratos de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires, idea que provocó que la oposición se anticipara a manifestar que rechazará esa norma si finalmente la firma Mauricio Macri.
Proyecto
Para la oposición, «la demora es injustificada», y de ese modo se negará a aprobar un DNU. Así lo expresaron ayer el legislador porteño Martín Hourest, integrante del interbloque que conforman los aliados de Pino Solanas y de Aníbal Ibarra, y también el titular del bloque peronista Diego Kravetz.
«Se había consensuado un proyecto de ley que el PRO retuvo y no quiso tratar en el recinto. Un decreto no corresponde, y el temor es que el macrismo quiera volver al viejo sistema de pagar por tonelaje, que se contrapone con la Ley de Basura Cero», explicó Kravetz.
Por su parte, Hourest sostuvo que «primero debe aprobarse el marco general y después ver si corresponde una renovación. Hasta ahora, además, se vienen pagando readecuaciones de precio, y las empresas mantienen ganancias extraordinarias y no quieren revisar nada».
El proyecto de ley que había enviado Macri proponía contratos por diez años, reducir de cinco a tres zonas las áreas para concesionar y pagar por kilo de basura y no como ahora por «zona limpia». Pero la iniciativa se modificó hasta llegar a un acuerdo que en principio rechazó el pago por tonelada de residuos, en función de la norma que obliga a la Ciudad a fomentar las prácticas para reducir la cantidad de desperdicios, incluido el reciclado.
Riesgo
Sin embargo, el macrismo no impulsó el proyecto en el recinto, y tampoco el Gobierno porteño llamó a licitación, lo que podría haber hecho si ofrecía los contratos por menos de cinco años sin necesidad de acuerdo de la Legislatura. Los actuales, que se suscribieron durante la gestión de Ibarra, en 2004, vencieron en 2008, pero una cláusula permitió la prórroga por un año más, que es la que caduca en febrero.
El riesgo lo afronta ahora el Ministerio de Espacio Público, que desde diciembre pasado conduce Diego Santilli. Cualquier medida debería anunciarse en las próximas semanas; por eso, el macrismo intentará que la Legislatura, en una sesión que tiene prevista para febrero, sancione una ley que autorice la prórroga extraordinaria de los actuales contratos para evitar el decreto de necesidad y urgencia, aunque para entonces la prolongación de las concesiones debería estar pactada con las empresas.


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