La Defensoría del Pueblo apeló la resolución de la Justicia en primera instancia por la cual no se hizo lugar a la medida cautelar pedida por la entidad, dándose vía libre por lo menos por ahora a la aplicación de un cargo tarifario en las facturas de gas con el que se pagarán las importaciones del producto.
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La entidad, a cargo de Anselmo Sella, sostuvo que la Justicia de primera instancia utilizó «argumentos equivocados» para rechazar la medida cautelar tales como que no hay inminencia de corte en el suministro y que los usuarios, de prosperar la demanda sobre la legitimidad del cargo, podrán recuperar lo pagado de más «por las vías pertinentes».
Según la presentación: «La señora juez olvida que debido a los siderales aumentos (hasta un 360%), los usuarios no podrán abonar sus facturas y, en consecuencia, el servicio les será cortado». A lo que añadió: «Los aumentos, por su envergadura, importan que los usuarios jamás podrán hacer frente a esa nueva facturación. Entonces, ¿qué sentido tiene esperar que la empresa envíe las intimaciones de corte, en lugar de resguardar y proteger a los usuarios, frente a un servicio público tan esencial como es el del gas?».
En cuanto a la posibilidad de que los consumidores puedan llegar a reclamar por lo pagado de más, si finalmente la Justicia dictamina que el cargo es ilegítimo, la Defensoría afirmó que «resulta un razonamiento utópico porque la población carece de dinero para solventar un aumento de hasta el 360%».
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