La iniciativa, apodada como "ley mordaza" por sus detractores, restringe las manifestaciones a marchas autorizadas e impone severas multas a las protestas descritas como ilícitas. Tras superar el trámite en la cámara baja, la reforma pasará al Senado, y de no sufrir modificaciones, entrará en vigor.
Si bien el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana fue matizado respecto del borrador presentado el año pasado, sus detractores denuncian que de todas formas está lejos de ser democrático.
Durante el debate en el pleno, los grupos opositores coincidieron en señalar que la ley del PP es "innecesaria", supone "una vuelta al Estado policial", "una aberración jurídica", "va en contra de los derechos fundamentales" y "recorta libertades".
"Si quieren frenar las protestas sociales que tanto les perturban y molestan, rectifiquen las políticas económicas y frenen las desigualdades, pero no conviertan al ciudadano activo y crítico en el enemigo", afirmó el diputado socialista Antonio Trevín.
"Recurrieron a precedentes que creíamos superados como la Ley franquista de Orden Público. Con él como inspiración diseñaron un régimen sancionador vinculado a la protesta social", remarcó.
"Esta ley otorga más poder a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ofrece a los ciudadanos menos garantías contra la administración", sostuvo por su parte María Serrano, portavoz en la sección española de Amnistía Internacional. "Nos preocupa que esta ley no proteja el derecho a la protesta en un contexto en el que hay muchas personas que se vieron afectadas por medidas de austeridad que adoptó el Gobierno", añadió.
España es escenario de una creciente ola de manifestaciones y huelgas pacíficas contra el programa de austeridad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que incluye recortes a los fondos de salud y educación públicos.
El proyecto también incluye normativas de inmigración más estrictas que permitirán a la Policía de las fronteras negar el ingreso a España de ciudadanos de África que crucen los límites desde los enclaves de Ceuta y Melilla. El Gobierno justificó la necesidad de esta regulación por la presión migratoria en las dos ciudades autónomas, la única entrada a Europa en suelo africano, donde frecuentemente grupos de africanos tratan de saltar la valla que separa España de Marruecos.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, advirtió a España que la legalización de las devoluciones de inmigrantes va contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La Agencia de la ONU para los Refugiados también solicitó al Gobierno español que garantice que cualquier iniciativa legal cumpla con sus obligaciones internacionales, en particular con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
| Agencias Reuters, ANSA, DPA y AFP |
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