La causa judicial por la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata suma un nuevo episodio que eleva la tensión del expediente. La investigación que lleva adelante la fiscalía penal N°3, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic, incorpora ahora una denuncia por la posible utilización de un documento falso como prueba de descargo por parte de Diego Lacki, uno de los principales imputados.
Megaestafa inmobiliaria en La Plata: supera los u$s20 millones y avanza la causa penal
La causa contra la desarrolladora ABES suma un nuevo capítulo por presunta falsificación de pruebas. Entre los damnificados figura el DT Pedro Troglio.
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Uno de los edificios vinculados a la causa por la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata, con obras paralizadas y millonarias pérdidas para los inversores (Foto Gentileza: Infoplaense)
El expediente, que ya acumula múltiples denuncias por estafa y administración fraudulenta, analiza el funcionamiento de la desarrolladora ABES y una serie de fideicomisos inmobiliarios que terminaron con obras paralizadas, inversores sin respuestas y pérdidas millonarias que superan los u$s20 millones.
Las obras paralizadas alcanzan al menos una decena de desarrollos en distintos puntos de La Plata. Entre ellos figuran Vita (11 entre 59 y 60), Dezzeo (55 entre 4 y 5), Lucero (59 entre 10 y 11), Elipsis (54 entre 4 y 5), Thymos (16 entre 54 y 55), Cromo (2 entre 56 y 57), Cross (58 entre 11 y 12) y Lumiere (55 entre 1 y 2).
El nuevo foco se centra en un acta notarial fechada el 30 de diciembre de 2024. En ese documento figura la supuesta firma de Lucrecia Villar Loos, exsocia mayoritaria de la firma, en carácter de fiduciaria. La estrategia de la defensa de Lacki apuntó a demostrar que la responsabilidad en la administración recaía sobre ella y no sobre su rol.
Sin embargo, la documentación migratoria presentada en la causa indica que Villar Loos se encontraba fuera del país en esa fecha, con registros que la ubican en Brasil. Esa contradicción abre la puerta a una hipótesis de falsificación documental con implicancias penales adicionales.
Miguel Molina, abogado de Villar Loos y de varios damnificados, sostuvo: “El principal argumento defensivo para deslindar responsabilidades podría apoyarse en un instrumento ideológicamente falso”. El letrado explicó que, a partir de esta situación, se solicitó una pericia caligráfica y el secuestro del libro de actas para determinar la autenticidad del documento.
Según Molina, el caso suma un nuevo frente judicial que excede la estafa original. “No solo cae el intento de deslindar responsabilidades, sino que se abre la investigación por estafa procesal y falsedad ideológica de documento privado”, afirmó.
La denuncia presentada incorpora pruebas documentales y registros oficiales que buscan acreditar la imposibilidad material de la firma en la fecha consignada. Villar Loos, además, nunca reconoció el acta ni tuvo conocimiento previo de su existencia.
El caso Induplack funciona como antecedente reciente: más de 400 damnificados y pérdidas por encima de los u$s50 millones en un esquema de fideicomisos con obras que nunca se terminaron. La investigación en La Plata muestra similitudes, con sospechas de desvío de fondos, proyectos paralizados y una operatoria que también quedó bajo la lupa de la Justicia penal.
Una causa que crece con nuevas denuncias
El expediente continúa en etapa de instrucción y suma presentaciones de inversores que aseguran haber sido perjudicados por un esquema que prometía desarrollos inmobiliarios con renta garantizada y plazos definidos que nunca se cumplieron.
Los proyectos se comercializaron bajo la figura de fideicomiso al costo, con aportes que en muchos casos alcanzaron el valor total de las unidades. Con el paso del tiempo, las obras quedaron paralizadas, con estructuras sin avance y sin explicaciones claras por parte de los responsables.
En paralelo, los denunciantes plantean dudas sobre el destino de los fondos invertidos y sobre la posibilidad concreta de recupero. La investigación busca determinar si existió un esquema sistemático de captación de dinero y desvío de recursos entre distintos desarrollos.
Molina explicó que en la causa se configuran dos figuras principales. Por un lado, la estafa, a partir de la comercialización de unidades en un contexto de incumplimiento. Por otro, la administración fraudulenta, vinculada al uso de una “caja única” que habría desvirtuado el destino de los fondos.
El abogado detalló: “Los fondos de distintos fideicomisos se utilizaban para otros proyectos sin autorización de los inversores”. También sostuvo que existió una falta de rendición de cuentas clara en el rol fiduciario.
Otro de los puntos que se investiga es el circuito del dinero. Según testimonios incorporados al expediente, parte de los fondos se habrían transferido a cuentas personales en el exterior, lo que refuerza la hipótesis de maniobras irregulares.
Troglio y el impacto en los damnificados
Entre los damnificados figura Pedro Troglio, actual DT del equipo de fútbol de Banfield, quien declaró en la causa y aportó detalles sobre el funcionamiento del esquema. En su testimonio, apuntó contra Diego Lacki y Macarena Núñez, como una de las caras visibles de la operatoria.
Troglio explicó que la propuesta incluía el ingreso a desarrollos inmobiliarios con la promesa de una renta mensual desde el inicio de la inversión. En su caso, detectó irregularidades cuando las obras dejaron de avanzar y se interrumpieron los pagos comprometidos.
El entrenador describió la operatoria como un “engaña pichanga” y sostuvo que los fondos no se aplicaron a los proyectos correspondientes. También remarcó el impacto sobre otros inversores que destinaron ahorros de toda su vida.
En línea con otros testimonios, indicó que la empresa comunicó problemas financieros hacia fines de 2025 y suspendió la renta sin plazos concretos de reactivación.
Marcha atrás judicial y rechazo de los damnificados
Otro de los episodios recientes en la causa fue la marcha atrás en el intento de traspaso de la firma a un nuevo grupo desarrollador (la compañía Yacoub no fue aceptada por los damnificados incluso). El Juzgado Civil y Comercial N°6 había habilitado inicialmente la operación con el objetivo de reactivar las obras, pero luego dejó sin efecto la decisión.
La semana pasada, la causa tuvo un giro cuando el titular del Juzgado Civil y Comercial N°6, Juan José De Oliveira, dejó sin efecto el traspaso de ABES a la desarrolladora Yacoub, que había adquirido la compañía pese a su situación judicial.
El magistrado había habilitado el cambio de control con el objetivo de reactivar las obras paralizadas, pero luego se retractó al considerar que su decisión inicial se basó en una interpretación errónea. En un primer momento se asumió que la nueva conducción iba a hacerse cargo de la totalidad de los pasivos, pero esa obligación no estaba claramente establecida.
La causa se tramita en la Fiscalía N°3 de La Plata y acumula más de seis denuncias penales por estafa y administración fraudulenta. Entre los damnificados también figuran profesionales, comerciantes y entidades como la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires.
Desde el lado de los damnificados también existió un rechazo a esa alternativa. Troglio explicó que la propuesta incluía valores de finalización considerados insuficientes y condiciones que no resultaban aceptables para los inversores.
Señaló que la mayoría de los afectados no estuvo de acuerdo con el ingreso de la nueva firma y que el foco se mantiene en la vía penal. “Nos ofrecían valores insignificantes de finalización. Por eso no se aceptó”, sostuvo.
El entrenador y exfutbolista remarcó que la estrategia apunta a avanzar en la causa judicial y no en soluciones parciales desde el ámbito comercial. También indicó que las acciones legales se dirigen contra quienes recibieron los fondos.
Un expediente abierto y con múltiples frentes
La causa se tramita en el ámbito penal y continúa en plena etapa de recolección de pruebas. El expediente reúne denuncias de inversores particulares, profesionales y entidades, en un escenario que suma complejidad a medida que avanzan las presentaciones.
El eje central pasa por determinar si existió un esquema organizado de captación de fondos con fines defraudatorios o si se trata de incumplimientos contractuales aislados.
La incorporación de la denuncia por presunta falsificación documental introduce un elemento adicional que podría modificar la estrategia de las partes y el alcance de las imputaciones.
En este contexto, los damnificados mantienen la expectativa de que la investigación avance y permita esclarecer el destino del dinero y las responsabilidades individuales dentro de la operatoria.
Molina concluyó que el caso presenta elementos suficientes para sostener la existencia de una maniobra estructurada, con desvío de fondos y perjuicio económico para los inversores, y afirmó que el objetivo es que la causa penal avance hasta las últimas consecuencias.
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