Una subsidiaria 100% de YPF denominada YPFIE suscribió un contrato por el cual BG le otorga la opción de compra para adquirir las acciones que le pertenecen en GASA, sociedad controlante de Metrogas. En esa sociedad, BG tiene el 54,57% mientras la subsidiaria de la petrolera ya posee el 45,33%. La opción se podrá ejercer hasta el 31 de agosto prorrogable hasta el 5 de octubre sólo si así lo solicita YPFIE.
Si la operación se concreta, YPF pasaría a ser controlante indirecto del 100% de GASA y del 70% de Metrogas, mientras el 20% cotiza en la Bolsa y el 10% corresponde al programa de propiedad participada. Aunque el comunicado a la Bolsa no lo indica, la transacción depende de tres condiciones:
A todo eso se suma una readecuación de los ingresos de la distribuidora que haga viable una reestructuración del pasivo para los acreedores. Metrogas, al igual que las transportistas y otras distribuidoras de gas, llegó en 2008 a un acuerdo transitorio para ajustar tarifas, que fue ratificado por dos decretos del Poder Ejecutivo, y sólo necesita para estar vigente que el ente regulador (Enargas) apruebe los nuevos cuadros tarifarios.
Desde 2000, la única gasífera que obtuvo aumento de tarifas fue Gas Natural Fenosa, que opera en el norte del conurbano bonaerense porque en 2006 aceptó suspender las acciones contra el Estado nacional iniciadas en el CIADI. Los otros ajustes que llegaron a los usuarios desde el Gobierno de Fernando de la Rúa corresponden a subas del precio del gas en boca de pozo que cobran las petroleras, y al cargo tarifario incluido desde noviembre de 2008 para pagar las importaciones del fluido, y lo recaudado por ese concepto va directamente para el fisco. Los clientes no residenciales aportan y siguen haciéndolo para fondos fiduciarios con los que se financiaron obras de transporte.
En el sector empresario se cree que el impacto negativo que tuvo en el público la incorporación del cargo para pagar importación demoró el aumento de tarifas. Y que después, cuando ya se habían dado las excepciones de invierno para el cargo, logrando calmar a los consumidores, la puja entre el Gobierno y British Gas creó un nuevo motivo para la postergación.
El Ministerio de Planificación de Julio De Vido, en el momento en que Metrogas se declaró en concurso y el Gobierno dispuso la intervención que sigue hasta hoy, indicó que «la renegociación del contrato de Metrogas se vio obstaculizada por la sistemática y obstinada negativa de la empresa a renunciar a la demanda que mantiene contra nuestro país, dado que por principio el Gobierno argentino no negocia bajo ninguna presión».
En diciembre de 2007, British Gas obtuvo un laudo a su favor por el cual el Estado nacional debería pagarle u$s 185,2 millones más intereses y gastos, según un comité arbitral en el marco de Uncitral (ONU). El Gobierno tramitó un proceso de anulación que todavía no terminó. En principio, aunque BG termine vendiendo a YPF, la empresa británica continuará reclamando la indemnización.
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