Buenos Aires - El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Rafael Perelmiter, aseguró que ese organismo «mantiene sus facultades para trabar embargos sobre cuentas y activos bancarios» en todo el país, a pesar de un fallo de la Corte Suprema que lo impide.
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La decisión judicial hizo lugar a un planteo cautelar de la Asociación de Bancos de la Argentina, para que ARBA se abstenga de requerir a entidades financieras la anotación de medidas cautelares decretadas por el órgano de recaudación, concernientes a cuentas y activos bancarios radicados fuera del territorio de la provincia.
«Somos respetuosos de la Justicia, pero debe tenerse en cuenta que el máximo tribunal no se expidió sobre la cuestión de fondo debatida, que son los alcances del ar-tículo 13 bis del Código Fiscal», detalló Perelmiter.
Ese artículo del Código Fiscal indica que ARBA «podrá decretar el embargo de cuentas bancarias, fondos y valores depositados en entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución».
«También podrá disponer el embargo general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los ejecutados tengan depositados en las entidades financieras regidas por la Ley 21.526», según el Código Fiscal.
Perelmiter consideró que el artículo de análisis «no impide la facultad de continuar con la traba de medidas cautelares sobre cuentas bancarias dentro de la provincia, y tampoco objeta la traba de tales medidas sobre dichos activos fuera de la provincia de Buenos Aires, dado que el fallo emanado por el máximo tribunal no cuestionó la facultad que a esta agencia le confiere la Ley».
«Vamos a adoptar todas las medidas que resulten necesarias a fin de evitar que una abusiva o maliciosa interpretación del alcance de la medida cautelar por parte de los evasores cause mayores perjuicios al erario público», prometió el titular de ARBA.
Además, garantizó que se aplicarán todos los instrumentos legales para cobrar los impuestos adeudados a la provincia «sin permitir que los evasores se salgan con la suya».
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