Arranca politizado juicio por la muerte de Ferreyra

En octubre de 2010 una protesta de trabajadores del Ferrocarril Roca en el barrio porteño de Barracas terminó violentamente cuando un grupo disparó contra manifestantes causando la muerte de Mariano Ferreyra.

El juicio oral por el asesinato del activista del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra comenzará hoy a las 8 en los tribunales de Comodoro Py, con el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, como principal acusado. Esta causa tiene un alto contenido político por la notoriedad de Pedraza en el sindicalismo y sus vinculaciones con el peronismo gobernante. Los defensores de la víctima han buscado comprometer a estructuras del Gobierno en el crimen; los acusados, por su lado, atribuirán la acusación a la intención del Partido Obrero de sacar rédito de esta desgracia. Un sector del sindicalismo ferroviario también ha criticado al Gobierno al creer que habría una manipulación de la Justicia para desgastar a sindicalismo.

El 20 de octubre de 2010 una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca, acompañados por activistas del Partido Obrero, terminó violentamente en el barrio porteño de Barracas cuando un grupo disparó contra los manifestantes, entre los que se encontraba Ferreyra, quien murió por un balazo en el pecho.

Además de Pedraza, acusado de ser el presunto instigador del ataque, al igual que su segundo en el gremio Juan Carlos «Gallego» Fernández, se juzgará a otros 15 acusados, se escuchará a 380 testigos y se analizará también el intento de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, heridos durante el ataque del 20 de octubre.

Los dos presuntos tiradores hasta ahora señalados por testigos son Gabriel «Payaso» Sánchez y Cristian «Harry» Favale, aunque también fue señalado como portando armas en el lugar el ferroviario Guillermo Armando Uño.

Al delegado Pablo Díaz se lo señaló como el presunto encargado de convocar al grupo de choque que atacó a los integrantes del Partido Obrero.

El acusado Juan Carlos Pérez, también ferroviario, fue a quien presuntamente le hicieron entrega de las armas y encargado de esconderlas, luego de efectuados los disparos, y habría recibido del «Gallego» Fernández una orden de retirada por handy.

En cuanto a los acusados Salvador Pipito y Jorge Daniel González, y tal cual lo expuso la jueza Wilma López en su procesamiento, fueron quienes presuntamente amenazaron a un equipo de noticias de un canal de cable para evitar que tomasen imágenes.

En el juicio se juzgará a siete policías acusados de liberar la zona de Barracas en la que fue asesinado Ferreyra; se trata del extitular de la Superintendencia Metropolitana de la Federal, Hugo Lompizano; su entonces segundo, Luis Alberto Echevarría; el excomisario de la División Roca, Jorge Raúl Ferreyra; el principal Gastón Conti; el subcomisario de la seccional 30, Rolando Garay; el jefe de Departamentos de Control de Líneas, Luis Mansilla; y David Villalba, de la División Exteriores de Video y quien tenía la tarea de grabar el operativo.

Una variedad de abogados asistirán a los 17 acusados por el homicidio de Ferreyra, entre quienes se destacan Carlos Froment, abogado del sindicalista Pedraza. En los últimos tiempos, Froment asistió al dueño de Crónica Televisión, Héctor Ricardo García, en un juicio por presunta evasión de impuestos del que logró sacarlo absuelto. Los abogados del delegado detenido Díaz son Mario Fenzel, Federico Figueroa y Guillermo Auruccio, y los dos primeros intervinieron en la defensa del titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, quien permaneció detenido por dos años en el marco de la causa por la «mafia de los medicamentos».

En tanto, el policía acusado Villalba será asistido en el juicio por Valeria Corbacho, la abogada que defiende al espía y exempleado del Gobierno porteño Ciro James (en la causa por escuchas telefónicas ilegales que también involucra a Mauricio Macri) y al motorman Marcos Antonio Córdoba, quien condujo y protagonizó el accidente de TBA de febrero pasado en Once en el que murieron 51 personas.

Letrados

El ferroviario González está asistido por la abogada Daniela Grisetti, quien trabaja en equipo por su colega Froment, y quien supo defender a uno de los acusados en el caso. Por el acusado Sánchez intervendrá como abogado el penalista Gustavo DElía, exdefensor de su colega Daniel Llermanos, este último representante del camionero Hugo Moyano.

Fernández será representado por el letrado Alejandro Freeland, abogado del expresidente de Independiente, Julio Comparada.

Por su parte, el ferroviario Uño, a quien la Casación le denegó hace días la excarcelación, será asistido por el abogado Oscar Igounet.

Según la agencia NA, estos profesionales delinearon en una reunión la estrategia defensiva que adoptarán en forma coordinada a partir de hoy. La reunión se realizó el martes de la semana pasada en el estudio del abogado Froment, en el barrio porteño de Palermo. Por más de tres horas, los abogados coincidieron en que una de las estrategias a seguir es despegarse del acusado Favale, el presunto barrabrava a quien gran cantidad de testigos dijeron haber visto disparando contra el grupo del Partido Obrero entre quienes estaba Ferreyra, en Barracas.

Favale fue el primer detenido en la causa a raíz del hecho ocurrido el 20 de octubre de 2010, y es uno de los señalados como «tiradores» junto con el acusado Sánchez. No obstante, tal cual la investigación que encaró la jueza López, Favale y demás agresores fueron convocados por el imputado Díaz, quien «habría organizado y dirigía» el agrupamiento de ferroviarios, y a través de este último está la conexión con los líderes de la UF, ya que durante el hecho mantuvo una comunicación con su segundo.

Parte de la estrategia jurídica de los defensores es derribar la sospecha de la Justicia en cuanto a que existió un «acuerdo criminal» entre los imputados con el fin de evitar el avance de los trabajadores tercerizados, quienes en aquella jornada reclamaban el pase a planta permanente y cortaron las vías a la altura de Avellaneda como metodología de protesta.

La otra pata de la estrategia jurídica de los defensores será insistir con que ese día no hubo un ataque sino que se generó un enfrentamiento violento, en el cual desde el grupo del Partido Obrero manipularon elementos tales como gomeras u otros elementos.

A partir de ello intentarán demostrar que la figura aplicable al caso es la de homicidio en riña, que contempla una pena máxima de 6 años de cárcel y no de perpetua como lo estipula el delito por el cual fueron elevados a juicio, que es el de homicidio calificado. Otra parte, y en base al resultado de dos peritajes balísticos, uno sobre la bala que mató a Ferreyra y otra sobre la que hirió al manifestante Aguirre (esta última realizada en estas últimas semanas), será demostrar que no hubo intención de matar.

Para hoy se prevé el planteo de varios pedidos de nulidad que tal vez demoren una semana el desarrollo del debate, en el cual se escucharán más de 350 testigos, por lo cual el proceso se extenderá hasta 2013.

Los jueces del Tribunal Oral 20 son Diego Barroetaveña, Carlos Bossi y Horacio Díaz, y la acusación estará a cargo de la fiscal María Luz Jalbert, y dos cabezas de querellas, una de ellas a cargo del CELS (por la mamá de Ferreyra, Beatriz Rial) y la otra a cargo de las abogadas María del Carmen Verdú y Claudia Ferrero en representación de más de media docena de heridos.

Mientras se desarrolle el debate oral se cumplirán los dos años de los acusados en prisión, con lo cual se esperan distintos pedidos de excarcelación que el tribunal deberá resolver sobre el curso del proceso.