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ART: Cámara criticó decreto
La última reforma a dicha ley fijó criterios para establecer los pisos mínimos y posteriores ajustes a las prestaciones dinerarias por accidentes laborales y enfermedades profesionales, además de precisar que el plazo de pago se considerará en 15 días corridos. La ley, aprobada en octubre de 2012, modificó los topes indemnizatorios por accidentes y siniestros laborales, y mantuvo la posibilidad de reclamo judicial, si el trabajador no está de acuerdo con el pago ofertado.
El planteo de inconstitucionalidad se centró en una crítica al artículo 17 de la norma reglamentaria. Rodríguez Brunengo y Ferreiros entendieron que el decreto reglamentario "tiende a excluir situaciones que se encuentran contempladas en la Ley 26.773". "El Poder Ejecutivo Nacional ha incurrido en un exceso del poder reglamentario, contraviniendo las facultades reglamentarias autorizadas en el inc. 2º del art. 99 de la Constitución Nacional que dispone que en ejercicio de aquellas facultades deberá cuidarse de no alterar el espíritu de la ley", sostuvieron.

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