Auditoría por casos de corrupción podría demorar más de tres años

• NO SE DEFINIÓ QUÉ DELITOS INCLUIRÁ, PERO LA CANTIDAD DE DATOS A RECOLECTAR DILATARÁ EL INFORME FINALMalestar entre los jueces federales por la resolución adoptada por el Consejo de la Magistratura, que pondrá la lupa sobre sus desempeños. Advierten por demoras responsabilidad de cámaras y Corte. Puntos clave a auditar.

Plenario. En el seno del Consejo de la Magistratura ponen en duda que el oficialismo cuente con los votos para iniciar un juicio político a un juez por su actuación. Ninguno de los representantes de los magistrados lo avalará.

 La auditoría sobre los casos de corrupción tramitados en la Justicia federal de todo el país que aprobó el pasado jueves el Consejo de la Magistratura no demoraría menos de tres o cuatro años, de acuerdo con el exhaustivo listado de parámetros que se votó relevar. El lapso no es antojadizo, sino que se basa en la cantidad de puntos auditables de un universo de causas aún no definido en cuanto a los delitos contra la administración pública que serán analizados. Esto se suma al malestar de los magistrados de Comodoro Py, quienes serán los primeros en quedar bajo la lupa y ya hicieron saber que los resultados arrojarán inexplicables demoras en las instancias de apelación, tanto en la Cámara Federal como en Casación Penal.

El punto de partida para revisar el desempeño judicial en causas por corrupción se puso en 1996. Finales del menemismo, todo el Gobierno de la Alianza y todo el kirchnerismo quedarán abarcados en la profusa investigación interna que había sido esquivada en los últimos años, pese a varios pedidos que iban en el mismo sentido. Incluirá a todos los juzgados de instrucción de todo el país (incluidos los que tengan más de una competencia, solo en una faz penal), las cámaras de apelaciones y los tribunales orales federales. Se desconoce por qué etapa cronológica se iniciará el relevamiento, pero casos célebres como el de las coimas de IBM-Banco Nación, los supuestos pagos a senadores durante el Gobierno de la Alianza, el megacanje y todos los recientes escándalos del kirchnerismo vinculados a la obra pública, entre muchos otros, quedarán incluidos.

De acuerdo con la Resolución N° 342 se auditarán, por un lado, tanto las causas que ya culminaron como las que siguen tramitándose. Para los expedientes cerrados se tomarán seis puntos de referencia: total de causas iniciadas con impulso de la acción penal divididas por años; juzgado que quedó a cargo de su tramitación (con el difícil desglose de los recursos humanos y de tecnología disponibles en cada época, uno de los dramas del sistema judicial); tipos de delitos investigados según carátula; e inicio, cierre y resultado de la pesquisa. Con todo esto se confeccionará un promedio del tiempo que transcurrió.

No fueron aún discriminados los tipos delictivos a analizar. No hay delitos de corrupción. Los hay de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, cohecho (pasivo y activo, según quien da y recibe la coima), dádivas, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. Tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Si se incluyera violación de los deberes de funcionario de forma autónoma, la muestra se duplicaría.

De las causas aún abiertas se tomarán 17 parámetros. Fecha de inicio de las causas, nómina de citaciones a indagatoria y fecha de procesamientos, sobreseimientos o faltas de mérito. Pero también el detalle de si hubo prescripciones, intervalos en los que actuó la Cámara de apelaciones del fuero y cantidad de recursos interpuestos por las defensas (un clásico para las dilaciones pero que están dentro de la legalidad). Estado actual de la pesquisa y un promedio de su duración completarán el informe. Estudios encabezados por ONG a lo largo de estos años ya arrojaron un resultado controvertido: para llegar a juicio, las causas por corrupción demoran casi una década. Esto no analiza la efectividad de la instrucción. Pruebas mal recolectadas, insuficientes, derivan en juicios absolutorios.

Todo el informe quedará en manos del Cuerpo de Auditores del Consejo, objetado por haber hecho un solo informe, desde su creación en 2008. Lo dirige Pedro Jorge Meydac, un hombre ligado a Ernesto Sanz. Pero el titular de la auditoría fue denunciado penalmente por supuesto encubrimiento por Ricardo Monner Sans por el dictamen exculpatorio de funcionarios de la Dirección General de Infraestructura Judicial, a su vez implicados en presuntas irregularidades por obras públicas para el Poder Judicial en las que se habrían pagado sobreprecios, se habrían duplicado costos o hubiere habido adelantos financieros injustificados. Es una de las causas más calientes para el corazón de la Justicia y la tiene Rodolfo Canicoba Corral, uno de los magistrados apuntados por el Gobierno.

Tampoco fue delimitado a quién se considerará un "funcionario". Según la definición de la CIDH, cualquiera que se desempeñe en alguna dependencia oficial de cualquier orden puede ser considerado en esa categoría. Incluidos los propios jueces.

Horas antes de su aprobación, uno de los consejeros de la Magistratura con llegada a los jueces les aseguró que lo que se planteaba era irregular: "El Consejo no tiene esas facultades". Pero la voz unánime a partir del planteo de Miguel Piedecasas, titular del organismo, fue que "Lorenzetti los había entregado" a los jueces de Py. En el plenario, el radical Ángel Rozas advirtió que no debía escapar la "responsabilidad" de las Cámaras y de la Corte en la suerte corrida por los expedientes por corrupción. Según cómo avance, podría transformarse en un boomerang. El resultado de la auditoría dependerá de su fiabilidad: puede devenir en el "Libro Negro" del Poder Judicial, una caza de brujas sobre algunos jueces, o simplemente una "mis en scene".