Auge del “despotismo democrático”

Hugo Chávez cabalga durante la emisión de su programa «Aló Presidente», que ayer fue puesto al aire desde la localidad de Mantecal.

Se ha instalado en América Latina en los últimos años una arriesgada tendencia a revisar y hasta trastocar el andamiaje jurídico institucional del Estado republicano por la vía de reformas constitucionales que afectan incluso los principios fundacionales de las naciones y que en casi todos los casos incluyen la cláusula de la reelección.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, fue pionero: reformó -rehízo- la Constitución venezolana en 1999, al iniciar su primer período presidencial. Recientemente, promovió otra enmienda que lo habilitó para aspirar a nuevos mandatos indefinidamente.

Evo Morales hizo lo propio en Bolivia. Su reforma constitucional, que incluyó cambios en las reglas de aprobación de las modificaciones a la carta magna a mitad de camino, costó más de dos años de conflictos internos violentos.

En Ecuador, Rafael Correa acaba de iniciar lo que será su primer mandato bajo la Constitución reformada. En 2013, podrá aspirar a otro mandato.

El intento de Manuel Zelaya de hacer lo propio en Honduras, contrariando un mandato constitucional expreso, culminó en su derrocamiento.

Con esa crisis aún sin resolver, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció su intención de quitar lo que considera «injustas» barreras a su reelección.

Esta tendencia, a la que se suma el coqueteo del presidente colombiano, Álvaro Uribe, con la posibilidad de un tercer mandato, empieza a llamar la atención de los analistas. La edición española de la revista Foreign Policy apeló al duro concepto de «despotismo democrático», en referencia a la idea cada vez más extendida «de que la legitimidad proviene del hecho simple, concreto y verificable de que ha habido elecciones libres (...). No importa que el elegido haya recurrido a mecanismos extrainstitucionales para mantenerse en el poder, que haya cambiado la Constitución para eliminar los obstáculos que le impedían presentarse o que haya cerrado los espacios de debate público, persiguiendo o encarcelando a sus opositores».

Eugenio Kvaternik, politólogo y profesor de la Universidad del Salvador, dijo a Ámbito Financiero: «Hemos pasado de democracias consensuales a democracias confrontativas: en las primeras, la regla de la mayoría expresa un consenso y es la forma natural de resolver los conflictos. En cambio, aquí la regla de mayoría se inscribe en un escenario de confrontación y cuando hay profundas discrepancias esta regla no resuelve el conflicto, lo ahonda». Estos regímenes, dice Kvaternik, «a través de la mayoría y de la reelección, agudizan la confrontación e instauran un nuevo tipo de régimen. Los padres fundadores de la Constitución estadounidense hablaban de «despotismo electivo». La democracia tiene componentes mayoritarios y componentes contramayoritarios o antídotos, como la división de poderes, el control de los actos de Gobierno, la independencia de la Justicia. La no reelección es un mecanismo más de limitación del poder».

Kvaternik considera que «la reelección no es un problema en sí, siempre que funcionen los otros mecanismos de limitación del poder». La alarma, para él, «es que en los casos que estamos analizando, la reelección es un mecanismo más de no limitación del poder, es parte de un proceso más general por el cual se reemplaza la democracia representativa por distintas formas de democracias populistas sin controles: empieza con ataques a la oposición, controles a la prensa, etc., y sigue con la reelección. Es la facción, la parte, que se cree que es el todo».

La idea subyacente es que la regla de la mayoría es condición necesaria y suficiente de la democracia. Estos gobiernos no creen en el componente contra mayoritario. Creen que van a ser mayoría siempre. Ésta no es una característica solamente de América Latina. La tenemos también en Europa del Este, en Rusia, en Ucrania y en las repúblicas asiáticas ex soviéticas. El rasgo común es la debilidad institucional».