Aumentan a judiciales, pero Corte aún espera recursos

Eugenio Zaffaroni, Juan Manuel Abal Medina

La Corte Suprema de Justicia emitió ayer una acordada para establecer un aumento del 10% para los empleados del Poder Judicial a pesar de que todavía el Gobierno no le firmó el permiso para reasignar partidas y que, de esta forma, el tribunal pueda ejecutar el segundo aumento del año. El texto contó con respaldo unánime de los ministros. En ciertos despachos del oficialismo se entendió como un nuevo desaire a la reforma judicial. Sin embargo, la Corte simplemente se dedicó a señalar, nuevamente, las incongruencias de ese paquete de normas que son muchas y que seguirán apareciendo.

El retraso de la firma de Juan Manuel Abal Medina ya genera efectos colaterales en el gremio de empleados que conduce el moyanista Julio Piumatto. Luces amarillas con los comicios de octubre tan cercanos.

Los fondos necesarios para el aumento pertenecen al Poder Judicial, pero por un decreto que firmó Néstor Kirchner la rúbrica para la reasignación presupuestaria debe darla Balcarce 50.

Estos fondos se encuentran contemplados en el inciso 6 del presupuesto del Poder Judicial. Es allí donde se establecen los montos de los remanentes, o sea, el presupuesto que no fue ejecutado y que suele ser considerado por los funcionarios de la Corte como una suerte de reserva.

El pedido de la firma al Gobierno, para el uso de lo que en definitiva son fondos propios, se trata de una cuestión de solidaridad para con el resto de la administración pública.

Hasta anoche en el Gobierno nadie arriesgaba una fecha, aunque aparecía la tesis de que podría ser los días previos a las elecciones legislativas, una especie de gesto antes de los comicios.

Existen planes más extremos bosquejados por funcionarios del Ministerio de Economía: que la Corte reciba esta firma, pero que este aumento sea el último del año. O sea, quedaría en suspenso la cuota de 2013. Táctica que en el cuarto piso del Palacio de Tribunales se interpreta como un nuevo condicional de la resolución por la ley de medios.

En esa causa Ricardo Lorenzetti continúa en su búsqueda de posiciones intermedias y mantiene línea abierta con todos los ministros con el objetivo de lograr un fallo equilibrado. Como un mantra, repite su filosofía ante quien quiera escucharla: "En este país siempre ha sido muy fácil ubicarse en los extremos, lo verdaderamente difícil es el medio, que es, en definitiva, el espíritu de la Constitución que la Corte debe interpretar".

El regreso de Eugenio Zaffaroni habilita a la Corte a tratar el tema con todos sus integrantes. En el oficialismo, como era de esperar, no convence que el justice abandone su cargo en el corto plazo, teoría que se ha instalado en el microclima cortesano, sino que le sugirieron un mecanismo similar al de Carlos Fayt (un amparo) para seguir luego de los 75 años. "Nunca olviden que yo juré por una constitución distinta a la de Fayt", contestó.

La acordada de ayer encuentra sustento en el artículo 7 la ley de autarquía presupuestaria (23.853) del Poder Judicial. Norma de 1990 que establece que las remuneraciones de jueces y empleados son fijadas por la Corte, que debe realizar un equilibrio entre el manejo eficiente de los recursos y la dignidad de los empleados.

Sin embargo, en distintos sectores del Gobierno, esta norma es considerada letra muerta, no sólo por la reforma de la Constitución de 1994 que transfirió las atribuciones administrativas al Consejo de la Magistratura, sino también por la Ley 26.855 de la reforma kirchnerista que al entrar en vigencia derogó las normativas anteriores: el artículo 7 no fue declarado inconstitucional y allí se establece que los temas salariales pasan por el cuerpo colegiado.

"Se olvidaron de que los proyectos cambiaron a mitad de camino en el Congreso", avisaron ayer en la Corte en referencia a las negociaciones de Lorenzetti con el Gobierno para retener las principales facultades del máximo tribunal.

Efectivamente, cuando los proyectos cambiaron por pedido de los jueces, cuando todavía funcionaba el teléfono rojo que unía a la Corte con Olivos, los diputados del Gobierno agregaron a la Ley 26.855 un artículo.

Se trata del número 24, en el cual se establece que los aumentos salariales quedan a cargo de la Corte.

Es por esto que la acordada de ayer no deberá ser confirmada por el Consejo ni será necesario un plenario para que la firma de los ministros no pierda su peso específico. No es un tema menor: en la Corte, con este documento, la intención fue la de enviar una señal de apuro al Gobierno y, al mismo tiempo, tranquilizar al gremio de los empleados de los tribunales que ya planifican una huelga para el viernes.

Hasta que el Gobierno dé luz verde para la reasignación de las partidas la Corte estará en condiciones de utilizar su fondo de ahorros para otorgar el aumento, una caja que el oficialismo querría canjear por bonos del Ministerio de Economía pero que, ya se lo han avisado los abogados de la Procuración del Tesoro, chocarían con una nueva acordada del tribunal.

En realidad, tal como contó este diario, la Corte está en condiciones de autoasignarse sus propios fondos con el argumento jurídico de que se trata de la cabeza del Poder Judicial y que está bajo su órbita la responsabilidad de la administración.