Autocrítica K por enredo con propios por el “terrorismo”

Movilizó poca gente la algarada de sectores de izquierda y del oficialismo contra la promulgación de una ley que agrava las penas por lavado de dinero de organizaciones terroristas. Llegó carta, abierta, pero tarde.

La presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich -tercera autoridad del país- admitió ayer que hubo «declaraciones desafortunadas» en el oficialismo sobre los alcances de la llamada ley antiterrorista e insistió en que «no es para atacar a nadie». «Se ha malentendido y algunas declaraciones nuestras desafortunadas han profundizado ese malentendido», reconoció Rojkés.

La legisladora aseguró que la norma «en absoluto es para atacar a nadie, ni a la prensa» y agregó: «Definitivamente no es ésa nuestra intención».

«Ninguno de los que hemos aprobado esta ley estaríamos de acuerdo con hacerlo», señaló la senadora Rojkés al ser consultada sobre las acusaciones de sectores alineados con la oposición y con el propio oficialismo en cuanto a que la norma podría ser utilizada para atacar protestas sociales.

La senadora consideró que «es bueno tener» una ley como la que se aprobó y consideró que «desde la oposición se ha malentendido» su alcance.

El miércoles Cristina de Kirchner promulgó esa norma tal cual la aprobó el Congreso a pesar de los reclamos de organizaciones sociales y políticas -la mayoría identificadas con el oficialismo- que convocaron para una marcha de rechazo a la Plaza de Mayo.

La letra del proyecto que aprobó el Congreso la dictó de forma personal Cristina de Kirchner con un agregado que dice que la norma no se aplicará a quienes demanden en defensa de derechos humanos y de garantías constitucionales. Eso no bastó para acallar las críticas: más aún, esa enmienda pareció enardecer a la oposición y a los críticos dentro del kirchnerismo. La voz más notable de este sector fue el juez de la Corte Raúl Zaffaroni, quien consideró ese texto como un «disparate» y atribuyó su redacción a una presión del ente internacional contra el lavado de dinero, el GAFI, al que considera un ariete del imperialismo.

Ese organismo pidió en su última reunión en París a la delegación argentina que incluyera ese endurecimiento de penas al lavado de organizaciones terroristas como una condición para sacar a la Argentina de la lista de países bajo seguimiento permanente en la que está hoy.

La norma agrava las condenas por lavado de dinero y también castiga por primera vez en muchos años la actuación de organizaciones terroristas en el país. Hasta ahora estaba penada la acción de las organizaciones extranjeras. El Gobierno considera un avance que exista una norma así en un país en donde hubo dos atentados terroristas como los de la Embajada de Israel y la AMIA. La norma pretende llenar ese vacío que quedó cuando se derogaron leyes represivas de gobiernos autoritarios. En las reuniones de persuasión que tuvieron funcionarios del Gobierno con sectores críticos trataron de convencerlos de que en un país en donde a los piqueteros no se les aplica el delito de daño ni el de sedición -que existen en los códigos vigentes- es una extravagancia creer que se les aplique una norma antiterrorista. No lograron convencerlos.

Un grupo de funcionarios oficialistas -el que se identifica con el lema de fantasía «Carta Abierta»- se sumó a destiempo al coro crítico de la ley antiterrorista, al considerar que es «contradictoria con el espíritu democrático del proyecto nacional». Dio a conocer un escrito literario colectivo cuando la norma ya estaba promulgada en el que se queja de que «sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional».

«El interés en el combate al lavado de dinero y la evasión fiscal son objetivos importantes y destacables de la política del Gobierno», pero consideraron en su habitual prosa barroca -tanto como comunicarse mediante «cartas abiertas» en la era del email -que «resulta equivocado legislar esas cuestiones en el formato de ley antiterrorista».

Señalaron que ese dispositivo «adopta la duplicación de condenas acogiéndose a una definición del concepto de terrorismo de carácter tan inespecífico, que podría utilizarse en fallos judiciales que criminalicen la protesta social».

«Formato antiterrorista e inespecificidad de acepción que deriva del poder y las presiones norteamericanas en los foros internacionales. El Gobierno argentino se ha destacado por su voz crítica en ellos y por eso sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional que hoy despliega», señalaron.

Amortiguaron la queja contra el Gobierno haciendo una diferenciación de Hugo Moyano respecto de otros sectores sindicales enfrentados al oficialismo, como Luis Barrionuevo o Gerónimo «Momo» Venegas. «La CGT de Moyano no tiene nada que ver con un gastronómico de las barras bravas ni con un dirigente de peones rurales que pone a sus afiliados como carne de cañón para un paro patronal. Habrá nubarrones en la coyuntura, oscuridades que opaquen la nitidez, habrá que renovar -para despejarlos- un compromiso común, hecho de tensiones, diálogos, conflictos y disidencias, pero sustentado sobre un acuerdo necesario: el de profundización de la igualdad, el de ampliación de derechos», señalaron.