Avance de leyes clave en Bs. As.

Ricardo Casal

Buenos Aires - La Cámara de Diputados bonaerense convirtió ayer en ley la iniciativa que crea el Cuerpo de Investigadores Judiciales, conocido como Policía Judicial. El paquete legislativo incluyó además la media sanción de la ley de «muerte digna» y la adhesión a la norma nacional que regula el funcionamiento de los desarmaderos.

El nuevo cuerpo de investigadores -impulsado por el gobernador Daniel Scioli- dependerá de la Procuración General de la Suprema Corte y tendrá competencia, en principio, en delitos complejos, homicidios e ilícitos cometidos por funcionarios o policías.

La normativa obliga a definir sus autoridades en el plazo de seis meses para comenzar a aplicarlo en 2013 como «prueba piloto» en el Departamento Judicial de Mar del Plata, mientras que dispone que en cuatro años la fuerza esté implementada en todos los departamentos judiciales.

Según el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, se trata de un «avance en la profesionalización de la investigación criminal».

«Esta ley es una propuesta que el gobernador nos planteó a principios de año y que tuvo una amplia discusión tanto en los foros ciudadanos como en el Senado», dijo por su parte el titular del bloque del FpV en Diputados, Juan de Jesús, en referencia al debate impulsado por el vicegobernador, el ultrakirchnerista Gabriel Mariotto.

En paralelo, Diputados avaló el proyecto de ley que faculta a los pacientes terminales a no admitir tratamientos quirúrgicos o de reanimación que sean desproporcionados con las perspectivas de mejoría, o produzcan un dolor o sufrimiento desmesurado.

La iniciativa está dirigida a pacientes que padezcan una enfermedad irreversible, incurable y se encuentren en estado terminal o de agonía según diagnóstico científico indubitable, o hayan sufrido un accidente que los coloque en esa situación.

El texto de Marcelo Feliú (FpV), que ahora debe ser tratado en el Senado, fue aprobado en conjunto con otro, que adhiere a la Ley Nacional 26.529, de «muerte digna».

«Estamos respetando la autonomía y la voluntad de cada persona para decidir sobre su vida», dijo Feliú, y precisó que «si esta autonomía no puede expresarse a cargo del paciente terminal, los familiares más cercanos serán quienes puedan tomar esa determinación».

En tanto, los diputados dieron media sanción a la adhesión a la ley nacional que regula los desarmaderos de automóviles y la venta de autopartes usadas, a fin de evitar la comercialización ilegal de estas piezas provenientes del delito.