Avanza causa contra Gils Carbó

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El expediente "llave" con el que el Gobierno puede tener un haz de luz para avanzar contra la procuradora general Alejandra Gils Carbó registró un avance que acerca a una definición sobre el mecanismo que debe ser utilizado para su remoción. La fiscalía en lo contencioso administrativo federal debe ahora pronunciarse en el pedido para que se rechace la demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de la Capital Federal y la ONG Será Justicia, quienes buscan que se anule la vía de juicio político para remover a la jefa de los fiscales.

Miguel Ángel Gilligan tiene girado el expediente sobre el planteo de León Arslanian sobre la ausencia de facultad de quienes se presentaron para solicitar que se deje sin efecto la ley de Ministerio Público que equipara la forma de remoción de un procurador con la de juez de la Corte Suprema de Justicia. El planteo de los demandantes indica que no estaba contemplado en la Constitución que sea esa la vía para poder definir la continuidad de la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Si eso fuera así declarado en sede judicial, pese a todas las instancias de apelación, se crearía un escenario para que el Poder Ejecutivo avance en cuestiones más radicales de su enfrentamiento con Gils Carbó, quien también tiene una situación en la Justicia penal federal por la compra de un edificio para la Procuración sospechada de haber pagado una subcomisión con intervención de un funcionario a su cargo. Se espera que el juez Julián Ercolini la procese por el caso por el que ya fue indagada a principios de septiembre.

El juez Pablo Cayssials puede hacer caso omiso al dictamen de la fiscalía sobre la legitimación de la ONG y del Colegio de Abogados que, se presume, podría rechazarlos como demandantes. Hace pocos días, el magistrado abrió un nuevo frente de batalla nada menos que contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que preside Jorge Rizzo por la reforma de la Ley de ART. Sorpresivamente, como informó Ámbito Financiero, tomó una demanda de una ART privada y solicitó todos los expedientes por amparos contra la nueva normativa que se venían tramitando en la Justicia nacional del Trabajo. Desde el CPACF, principales impulsores de los amparos contra una iniciativa considerada clave para Cambiemos, anunciaron que acudirían al Consejo de la Magistratura para denunciar al juez que dispuso absorber todos los casos, pese a que sus pares se abstuvieron de intervenir en las causas y giraron todo a los tribunales laborales, más receptivos a las demandas. El CPACF tiene sentada en el Consejo a su presidenta, Adriana Donato.

Una vez que se resuelva el planteo de legitimación, se podrá avanzar en los restantes aspectos de la demanda en un camino más institucional que el que impone una inconducta. Hasta ahora, no hay número de votos como para avanzar en un juicio político contra la procuradora general.

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