Avanza nueva Casación y agita las negociaciones por vacantes clave

Elena Highton de Nolasco

El último plenario del Consejo de la Magistratura finalizó en un escándalo -producto de la irrupción de distintos manifestantes en el edificio de la calle Libertad- cuyo estruendo generó que pasara desapercibida una de las pocas resoluciones que pudo adoptar el organismo relacionada con la puesta en marcha de la nueva Casación Penal para el fuero ordinario.

Los consejeros aprobaron el comodato que establece la cesión de un edifico ocioso del Ministerio de Justicia ubicado en la calle Talcahuano para que allí funcione la nueva instancia.

Los integrantes de esta Cámara ya cuentan con un decreto presidencial que los nombra pero no entran en funciones porque la Corte no les toma juramento debido a que la Cámara todavía no tiene acondicionadas sus intalaciones y tampoco ha llegado la partida presupuestaria del Poder Ejecutivo para ponerla en funciones.

Se trata de un grupo heterogéneo en el cual conviven desde María Laura Garrigós de Rébori (que integra el colectivo Justicia Legítima) con el camarista de la Casación bonaerense Carlos Mahíques, cercano a una cosmovisión más bien conservadora.

El destino de esta nueva Casación influirá directamente sobre el de la Casación federal de Comodoro Py, donde todavía hay quienes prefieren que esta instancia retenga el control de revisión de la materia penal ordinaria.

La puesta en funciones de la Casación penal ordinaria habilitaría a sus miembros además a subrogar las vacantes de la Casación federal. Este es el punto crítico al cual los nombrados atribuyen el motivo de una demora que entienden como demasiado planificada.

A medida que se resuelvan los aspectos administrativos de la nueva Cámra (como el comodato) la presión pasará de la Magistratura hacia la Corte Suprema que se reserva la potestad para habilitar los cargos. Tanto Ricardo Lorenzetti como Elena Highton de Nolasco ya se han reunido con los jueces que esperan prestar juraramento (la reunión con la segunda tuvo un final tan abrupto como inquietante).

Cuestiones que volverán a surgir el 16 de noviembre cuando Luis Cabral asuma como consejero de la Magistratura. Cabral subroga en la Casación penal federal y sus pares esperan alguna definición sobre el destino de una suplencia señalada por irregular y que le valió a la mitad de la Cámara una denuncia penal. Hasta el momento los jueces Alekandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David se han pronunciado a favor de que la subrogancia finalice. Pero ya hay otros camaristas que, por lo bajo, suscriben a esa idea y que recuerdan que la primera vez que Cabral fue consejero pidió licencia para tener dedicación full time a la Magistratura. Un atajo pragmático hacia la doctrina de los actos propios.

Pero el actual jefe del gremio da señales de continuidad y asegura que ya ha fijado audiencias para el año que viene (tiene para tratar asuntos de peso como es la sentencia del juicio oral por los supuestos sobornos en el Senado). Recientemente David le recomendó que se concentre en su nuevo rol de consejero y que no se preocupe demasado por su vocalía. Sutil.

La salida de Cabral generaría una nueva vacante en el máximo tribunal penal y, lo que es más urgente, un tembladeral respecto de las posibilidades de Ana María Figueroa de ser la próxima presidente de la Casación.