Bancos dependerán de cómo se salve a Detroit

Dejar caer al banco de inversión Lehman Brothers, a mediados de setiembre, fue una decisión de cirugía sin anestesia. Quienes la tomaron habrán pensado, en su momento, que la punción no sería cruenta en exceso. Bastaron 36 horas para percibir el error (¿cómo se explica, si no, el inmediato salvamento posterior de su compañero de condena, AIG?). En consecuencia, la política bancaria viró del abandono de persona al rescate en masa y la capitalización con fondos públicos. El espectáculo de fragilidad fue tan dantesco que los desembolsos del plan TARP -el programa de asistencia de 750 mil millones de dólares que aprobó el Congreso- se aplicaron mucho más allá de la esfera de los bancos. La noción de «demasiado grande para caer» no se limitó a los pesos pesado de Wall Street. Así, la administración Bush echó mano al TARP para rescatar a Detroit de la zozobra en la víspera de Año Nuevo. Va de suyo que si Chrysler y General Motors no pueden tropezar, mucho menos la banca. Como los problemas de crédito no se acaban por ello, la idea de la nacionalización ganó creciente protagonismo.
A regañadientes, fue Bush, el entonces presidente en ejercicio, quien aprobó los préstamos de última hora a las automotrices, pero el mentor del auxilio fue el presidente electo, Barack Obama. No se trató de contribuciones a fondo perdido: la contrapartida asumida fue el compromiso de Chrysler y General Motors de trazar planes que garanticen su viabilidad. Cualquier similitud con los exámenes de estrés a la banca no es mera coincidencia. Sólo que la Fuerza de Tareas Automotriz procesó sus conclusiones antes que el secretario del Tesoro, Tim Geithner. Y en su dureza borró cualquier preconcepto sobre la postura del Gobierno. No sólo aportó la elocuencia de un símbolo -la intempestiva destitución de Rick Wagoner, la cabeza de GM-. La administración Obama rechazó los planes propuestos y vertió sendos ultimátums con demandas muy concretas de reestructuración a fondo bajo fechas límite. Chrysler debía abrochar una alianza con Fiat, de la cual la empresa italiana ya renegó, antes de fin de mes. Y GM tenía que aportar mayores reducciones en sus costos y endeudamiento al 1 de junio próximo. Caso contrario, se dejó saber, la quiebra -no cualquier bancarrota sino una versión «rápida y quirúrgica»- será la opción a elegir. ¿Otra vez el recurso de la cirugía? Si se rescató a Bear Stearns y después se dejó caer a Lehman, y luego se volvió al salvataje masivo de la banca, y hasta de las compañías automotrices, ¿alienta el Gobierno un regreso del péndulo? ¿Sólo en la industria automotriz? ¿O traerán las pruebas de estrés una amenaza similar bajo el poncho? Geithner ya adelantó que la mayoría de los bancos ostenta respaldo patrimonial suficiente, pero ¿habrá una minoría que reciba la exigencia de un drástico encuadramiento? Sería una sorpresa. Como lo fue el cambio de posición frente a las urgencias de Detroit.
Obama no jugaría tan a fondo si no pensara que pisa terreno más firme. El colapso de un banco líder implica riesgo sistémico; la quiebra de una empresa automotriz, se supone que no. Pero, aun así, a fines del año pasado se prefirió no tensar la cuerda. Si los pagarés impagos de Lehman desataron un tembladeral en los fondos comunes de corto plazo, ¿qué podría suceder, en un entorno fragilizado, si volcara la deuda de Detroit? En diciembre, no se quiso correr riesgos. Pero ahora la tesitura cambió. Ford se puso a salvo por su cuenta, GM tiene oxígeno hasta junio y es la compañía más pequeña, Chrysler, la única que enfrenta una definición perentoria este jueves. Si se quiere, es un experimento controlado. ¿Surtirá efecto la amenaza de bancarrota? ¿Arrancará concesiones significativas de los gremios y acreedores? Hasta ahora, no las suficientes. Pero es un póker que no termina hasta el último minuto. ¿Si no fuera así, estará dispuesto el Gobierno a cumplir con su reto y a tomar las pérdidas en los más de 17 mil millones de dólares prestados? ¿Sacrificará una pieza pequeña y descartable -escarmentando a Chrysler como quien entrega un peón- para presionar la verdadera negociación estratégica, la de GM? ¿Se podrá conseguir de esa manera que los titulares de deuda garantizada («secured») y senior también acepten una quita? Mutatis mutandis, todos interrogantes que se podrían proyectar sobre la banca.
Si no hay acuerdos ni progreso, y si los dichos del Gobierno no son un «bluff», el agua llegará al río. Situación que también amerita observación. ¿Existirá un procedimiento rápido y quirúrgico de reestructuración o será otra carnicería? ¿Cuál será el daño colateral? ¿Se absorberá sin mella por los mercados financieros y de capital o encenderá la mecha de un reguero de pólvora? ¿Será factible crear una GM «buena» y competitiva, libre de los pesados compromisos sindicales y con los planes de pensión, y otra GM «mala» y residual, a enterrar sin pompa?
No se debe olvidar que la FDIC -la corporación federal que administra el seguro de los depósitos- tiene amplia experiencia de quirófano. Más de cincuenta entidades, desde 2007, fueron pasadas a desguace relámpago bajo su comando (cuatro de ellas, el último viernes). La más grande -IndyMac- fue diseccionada con éxito en un fin de semana de julio por su filoso bisturí. La FDIC operó también en la mesa de las fusiones de urgencia. Hundió su cuchillo hasta el hueso cuando desolló a Washington Mutual para transferirla a JP Morgan (sin que se oyeran los gritos de accionistas ordinarios, preferidos y tenedores de bonos) y se manejó con más delicadeza cuando fue el turno de Wachovia (con la idea de que se la llevara Citigroup; lo que no se concretó al serle arrebatada, en mejores términos, por Wells Fargo). Muchas de las respuestas que entreguen Chrysler y GM podrían alentar, en el tiempo, una vuelta de tuerca en las iniciativas del Gobierno. Como agrandar el quirófano de la FDIC para permitirle intervenciones mayores o empujar soluciones que no se limiten al mero canje de acciones preferidas sino que involucren también la deuda subordinada de los bancos.