Bases de EE.UU. en Colombia combatirán delitos aberrantes

 La Argentina ofreció la sede para una reunión de UNASUR, a celebrarse el 28 de setiembre próximo para continuar las discusiones sobre las bases e instalaciones militares en Colombia. Esa decisión ha sido un acierto. Un país con la gravitación y tradición diplomática argentina no podía, sin traicionar su esencia, permanecer al costado de tan delicado asunto. La iniciativa requerirá tomar distancia de la retórica, propia y ajena, para crear el clima que permita dialogar con moderación.

La cuestión de las bases colombianas con presencia de fuerzas de los Estados Unidos genera sensibilidades que deben ser respetadas. Por tal motivo, estos gobiernos han informado ampliamente a las cancillerías más preocupadas. La Argentina fue uno de los primeros en recibir detalles por parte de EE.UU. y personalmente por el presidente Álvaro Uribe.

Sin perjuicio de ello, cabe tener presente que la práctica internacional no se opone a la instalación de bases militares cuando estas responden a reales necesidades de seguridad y se instrumentan mediante acuerdos bilaterales entre gobiernos democráticos. La práctica internacional condena las bases militares establecidas en territorios coloniales o bajo disputa de soberanía, cuando éstas obstaculizan las negociaciones dispuestas por las Naciones Unidas. En el caso específico de las bases colombianas con participación de EE.UU., su destino será combatir el narcotráfico y el terrorismo.

Se trata de delitos transnacionales aberrantes, perpetrados por actores manifiestamente ilegales, que agreden a la población civil y ponen en peligro la paz y seguridad internacionales. Por estas razones han sido reiteradamente condenados por la OEA y las Naciones Unidas. Es difícil sustraerse a esa realidad. Por otro lado, en América Latina, muy poco se ha podido articular para respaldar a Colombia y abatir esos verdaderos flagelos que infectan a la región y se trasladan al resto del mundo.

Ése es el núcleo del problema. De allí que podría ser insuficiente encapsular la discusión en UNASUR, soslayando a la OEA, que posee acreditada experiencia, y donde están México y EE.UU., víctimas y corresponsables de esta tragedia.

La diplomacia argentina se ha valido de grupos pequeños que contuvieran a los principales interesados para administrar y resolver conflictos de similar y mayor sensibilidad.

Cuando le cupo dirigir la transición hacia la democracia en Haití, a principio de la década de los noventa, creó el «grupo de amigos» que respondía a las Naciones Unidas y a la OEA, integrado por Francia, Canadá, EE.UU., Venezuela, el Caricom y la Argentina.

La paz entre Perú y Ecuador, luego de breves pero dolorosas acciones militares, fue obtenida mediante la negociación de la Argentina, Brasil y Estados Unidos con las más altas autoridades de Perú y de Ecuador que evidenciaron patriotismo y fraternidad.

En 2002, por iniciativa argentina, se estableció el Grupo 3+1 integrado por la Argentina, Brasil y Paraguay más los EE.UU. Este grupo tiene por mandato monitorizar la frontera común entre los tres países para prevenir maniobras financieras que pudiesen ayudar al terrorismo.

Los esfuerzos conjuntos, sumados a la cooperación de EE.UU., permitieron tranquilizar a la opinión pública, luego del atentado a la AMIA y en EE.UU., post-11 de setiembre. Estos ejemplos reflejan el uso de instrumentos diplomáticos eficaces, que neutralizan estridencias y protagonismos, que complican la solución.

Resulta claro que en América Latina existe una sensibilidad más acentuada que en el pasado, respecto de la colaboración militar entre Colombia y EE.UU. Esa sensibilidad debe satisfacerse con precisión en la información y en los objetivos. La tarea de argentina el 28 de agosto debería orientarse a brindar esa claridad y a crear condiciones de confianza entre todos los interesados.

En América Latina y en el resto del mundo, los países tienen el derecho de fijarse las pautas de seguridad que respondan a sus interesas. Pero hoy las amenazas son globales, afectan a todos y exceden los marcos nacionales. No son un compartimiento estanco, según convenga. Por eso, considerar el interés y la cooperación de EE.UU. como la amenaza de un país lejano y ajeno a las preocupaciones regionales constituye un exceso difícil de suscribir seriamente.

El incremento casi inexplicable del gasto y sofisticación militar -como si Irak y Afganistán no fuesen ejemplos elocuentes de su relativa utilidad-, así como la presencia de Irán y la invitación a sus autoridades a América Latina son ejemplos de esas preocupaciones que, por ahora, se comentan sólo en los corredores.

Hoy Irán está en la agenda internacional no por su pujanza y cultura, sino porque se ha constituido en un problema. Ello es claro para la Argentina por el atentado a la AMIA y porque desde Irán se promueve la destrucción del Estado de Israel, lo que resulta aborrecible.

A esto, en América Latina, hay que agregar la brecha social, el hambre y la desnutrición, así como un cierto relativismo respecto de valores y principios que se creían definitivamente afirmados cuando, a mediados de los ochenta, la Argentina promovió la reforma de la Carta de la OEA para consagrar a la democracia representativa en América.

Armas abundantes, hambre, desigualdad y ambigüedad institucional no son buena compañía. Finalmente, deberíamos asumir que hay que trabajar en conjunto y que no hay más liderazgos individuales en el mundo, mucho menos en la región. Cuando los países tomen la decisión de discutir con madurez la relación entre todos estos factores, sin buscar responsables sino soluciones, la diplomacia argentina hará su contribución de racionalidad, consenso y sobre todo, de grandeza.