20 de octubre 2010 - 00:00

Batalla hoy en el Senado por derogar los superpoderes

Gerardo Morales
Gerardo Morales
Tras el round que la oposición ganó en el recinto, pero perdió en la Casa Rosada al vetar Cristina de Kirchner la ley del 82% móvil, hoy comenzará otra batalla que puede terminar en dos semanas con otro desempate de Julio Cobos en el recinto. La Comisión de Presupuesto y Hacienda arrancará con la discusión del proyecto para eliminarle a la Presidente los superpoderes permanentes para manejar el gasto que su marido se había garantizado en 2006 dentro del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Órganos de Control. Esa norma, que le permite al jefe de Gabinete modificar el destino de las partidas del Presupuesto sin discriminar si son para cubrir gasto corriente o de capital y hacerlo sin límites, al dejar fuera de todo control los movimientos de la Jurisdicción 91-Obligaciones a Cargo del Tesoro, fue clave para que el Gobierno manejara los excedentes de recaudación generados cada año al subestimar el crecimiento y la inflación. Es el mecanismo que se complementa con los DNU que firma cada año Cristina de Kirchner para incorporar a la contabilidad esos excedentes en montos que el año pasado lla-garon a $ 36.000 millones y que en 2010 puede rozar los $ 50.000 millones.

Hoy Presupuesto y Hacienda debatirá el proyecto que presentaron el radical Gerardo Morales y el peronista disidente Juan Carlos Romero, pero además el que ya fue sancionado en Diputados impulsado por Elisa Carrió y que, se descuenta, será ratificado en el Senado.

Esa iniciativa, que fue aprobada en Diputados en la sesión del 23 de junio pasado, restablece la redacción del artículo 37 a la existente antes de 2006. Es decir, que si el Gobierno quiere contar con superpoderes, deberá conseguir que el Congreso se los otorgue cada año dentro del Presupuesto nacional.

Allí se sostiene que «que-darán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del Presupuesto y el monto del endeudamiento previsto». Es decir, se prohíbe que la Presidente lo aumente por DNU.

También se reservan al Congreso «los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades», cortándole el camino al jefe de Gabinete que hizo uso y abuso de esas facultades en los últimos años.

Además, el proyecto restablece el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija que el Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales sólo podrán aprobar mayores gastos siempre que estuviera asegurado un financiamiento destinado a su atención.

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